18 de diciembre de 2015
18.12.2015

Las piezas de cada partido para el puzle de la financiación

La reivindicación por el desigual reparto territorial del dinero halla desde soluciones federalizantes a igualitaristas

18.12.2015 | 09:30

Los programas. El sistema de financiación de 2009, elaborado sobre las bases del de 2002, ha comportado una deuda histórica a la Comunitat Valenciana cifrada en 12.433 millones por el actual Consell. De su reforma lo admiten desde el presidente Puig al ministro Margallo depende el bienestar de los valencianos. Éstas son las propuestas de los partidos.

Aunque sea un corcel gris alejado del público, un caballo de batalla electoral para las sucursales valencianas de los partidos es el modelo de financiación que proponen ante la desigualdad que lastra la economía valenciana. En sus programas es un pilar que enfrenta a unos con otros. El PP promete garantizar «un ritmo de crecimiento estable del gasto en los servicios básicos (educación, sanidad y servicios sociales), adaptado a la evolución de factores como la población, de forma que éste no se vea sometido a fluctuaciones discrecionales». El modelo propone definir la oferta de servicios básicos en los tres ámbitos sociales de competencia autonómica: sanidad, educación y servicios sociales. Luego, promete «una financiación suficiente de dicha oferta en todas las Comunidades Autónomas» que no varíe en función de la evolución puntual de la actividad económica y que logre «el objetivo solidario de que todos los españoles sean iguales en el acceso a servicios sociales básicos».

El PSOE encara como crucial esta cuestión. En su programa federal, los socialistas se comprometen a «negociar un nuevo sistema de financiación autonómica que corrija los déficits de financiación y garantice los principios de autonomía, coordinación y solidaridad recogidos en la Constitución Española, así como la prestación de los servicios públicos esenciales en todas las Comunidades Autónomas». También proponen que «la contribución interterritorial no coloque en peor condición relativa a quien contribuye, impulsando asimismo la convergencia de renta y riqueza entre las comunidades que permita garantizar el principio de igualdad». Ximo Puig ya avanzó su propuesta basada en tres tramos e instrumentos como el Fondo de Garantía del Estado de Bienestar, un Fondo de Desarrollo Regional y otro de Reequilibrio Financiero para que el Estado compense a las comunidades infrafinanciadas y la revisión de las contribuciones forales (País Vasco y Navarra) a las cargas del Estado.

El programa de Ciudadanos coincide en que se «elimine excepciones territoriales» y «revisar el actual sistema del cupo» vasco y navarro. La formación naranja aboga por crear «una cartera de servicios cuya garantía estaría constitucionalmente respaldada por la financiación del Estado». Quien quiera ofrecer más servicios podrá hacerlo «sufragándolos de acuerdo con el principio de responsabilidad fiscal». En cuanto a la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, Ciudadanos apuesta por crear un Fondo de Cohesión Territorial y Social que sustituiría a los actuales Fondos de Convergencia y de Suficiencia, absorbiendo sus recursos. «Este nuevo Fondo serviría para eliminar en la medida de lo posible la desigualdad que pueda persistir en el sistema tras la aplicación del Fondo de Garantía», añade el partido de Albert Rivera.

Una «Hacienda federal»
El compromiso de Podemos coaligado con Compromís es reformar la financiación territorial guiados por los principios de «autonomía, solidaridad interterritorial y lealtad institucional, en el marco de una Hacienda federal». El programa de Pablo Iglesias promete impulsar «un modelo de financiación que garantice la suficiencia del ámbito competencial autonómico a través de la recaudación de los tributos cedidos a las comunidades autónomas y de la participación en los tributos del Estado».

En Izquierda Unida, Alberto Garzón ha defendido la necesidad de «redefinir desde cero un nuevo modelo de financiación que acabe con la discriminación actual y garantice la prestación de los servicios públicos fundamentales en condiciones de equidad».

UPyD, por su parte, propone «un sistema de financiación racional», la «eliminación de los conciertos fiscales vasco y navarro» y una reforma constitucional que revise «el reparto de competencias entre el Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos». La formación magenta insta al «abandono de las balanzas fiscales como indicadores: los impuestos los pagan las personas, no los territorios», señala.

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