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José Manuel García-Margallo

«Habrá que anteponer el interés de España al de los partidos a la hora de pactar»

«Hay dos temas que nos pasan factura: la administración de la crisis y la corrupción», reconoce

«Habrá que anteponer el interés de España al de los partidos a la hora de pactar»

¿Qué balance hace de estos quince días de campaña?

Ha sido una campaña muy intensa. A diferencia de otras, en esta ocasión hay cuatro formaciones políticas con posibilidades de tener un grupo parlamentario importante mientras que antes el juego se circunscribía al PP y al PSOE, como formaciones que ocupaban la centralidad política y que se han alternado en el gobierno. Es una campaña que se desarrolla además después de una crisis económica que arrancó en 2007 y que es la más severa que se ha producido en el mundo occidental desde 1929. Por eso la labor de explicación del PP, como partido que está gobernando, es mucho más complicada. En Bruselas, donde yo he pasado 17 años como eurodiputado, hay un dicho que se llama la maldición de Juncker -presidente de la Comisión Europea- que dice: sabemos lo que hay que hacer, lo que no sabemos es qué hacer para que nos voten después de haber hecho lo que teníamos que hacer.

¿Con ese panorama firma cinco diputados -tres menos que en 2011- por Alicante para parar el retroceso de las encuestas?

Ahora mismo estamos subiendo. Lentamente. Pero estamos subiendo. Cuando sacamos ocho diputados lo hicimos con un porcentaje del 55%. En un escenario en el que la situación económica de España era una auténtica catástrofe. Con un electorado que estaba buscando una alternativa diferente a la de un gobierno de Zapatero que intentaba decir que la crisis era un temporal de verano que iba a pasar y que quería combatir un cáncer con aspirinas.

¿Qué ha cambiado para registrar ese retroceso que puede acabar teniendo el PP en las urnas?

En 2011, Zapatero creía que no le quedaba otra que ir a hablar con los «hombres de negro» de Europa, con la «troika», a entregar las llaves del negocio para que lo administraran. Pero el pueblo español no estaba dispuesto. La gente sabía que en un rescate lo primero que hacen los acreedores es decir: toda la política económica debe estar orientada al único fin de que yo cobre. Y usted se administra con lo que sobre. Eso supone reducir gastos esenciales: prestaciones por desempleo, pensiones, recortar el Estado del Bienestar... A ellos lo que les importa, insisto, no es que los ciudadanos vivan mejor sino cobrar sus deudas atrasadas. Ahora es diferente. Y lo que tratamos de explicar es cómo estaba España con la herencia que recibimos y cómo está ahora. Pero, sobre todo, qué camino es el que hemos tenido que recorrer. No es lo mismo corregir el déficit en un momento de recesión que de bonanza económica. Al gobierno de Zapatero le cayó la recaudación en 70.000 millones, nos hemos encontrado con un «agujero» eléctrico de 25.000 millones, un déficit en la sanidad pública de 16.000 millones, hemos tenido que afrontar una montaña de facturas sin pagar de muchas pymes que había que saldar...

¿Y todo esto que usted está relatando por qué Mariano Rajoy no lo ha explicad0 en campaña? No participó en el debate «a cuatro»; ni tampoco lo sacó en el «cara a cara» con Pedro Sánchez...

Un debate de más de dos es muy difícil de arbitrar. Incluso a dos ya es muy difícil. Y el debate entre Rajoy y Sánchez fue muy complicado. Cualquier tema era desviado a cuestiones menores. Cuando hablaron de la crisis bancaria, la simplificación que hace Sánchez es que toda la reforma bancaria, que llega a calificar de rescate cuando no lo es, era para salvar a Rodrigo Rato. Si Rato era el problema se le enjuicia, se le sanciona y hemos terminado. El problema no era ese. ¿O es que Rato tenía la culpa de lo que pasaba en Bancaja antes de fusionarse con Bankia? ¿O de lo que pasaba en la CAM o en el Banco de Valencia?

En esos dos debates tanto Rajoy como Sáenz de Santamaría lo pasaron muy mal con la corrupción. ¿Les pasará eso mucha factura en la Comunidad, donde la gestión del PP ha estado muy salpicada por esas investigaciones judiciales?

Claro. Hay dos temas que nos han pasado factura y nos la pasarán. Uno es la administración de una crisis que, por definición, exige decisiones como en una familia que hereda unas deudas que te obligan a veranear menos días, en un sitio más barato, a recortar en otras cosas... Y encima cuando estás tomando esas medidas y lo que te encuentras es a un señor que se está enriqueciendo a costa de los demás, pues la combinación, desde luego, es letal. Eso supone un gran motivo para alentar la desafección política.

¿Tienen soluciones para frenar los casos de corrupción?

Lo importante es, en primer lugar, garantizar que no habrá impunidad, lo cual quiere decir que la persecución de los delitos de corrupción va a ser implacable. Creo que no ha habido ningún gobierno que haya perseguido la corrupción, incluso en casos que afectan a miembros que militaban en nuestro propio partido, con la intensidad con la que lo hemos hecho: la Agencia Tributaria, la Unidad de Delitos Fiscales de la Policía, la Fiscalía Anticorrupción, los jueces ordinarios están combatiendo la corrupción. Lo han hecho, lo hacen y lo harán. En segundo lugar, vamos a establecer medidas y acordar leyes para que la corrupción lo tenga más difícil. No se erradicará nunca. Está en la naturaleza humana. ¿Qué hemos propuesto? Los bancos no van a poder condonar deudas a las formaciones políticas. Hemos pedido que los gerentes de cada partido sean responsables individuales de los casos ilícitos en materia de financiación. Tenemos una Ley de Transparencia con la que se verá como si fuera detrás de un cristal todo lo que ocurre en la vida públca. Una nueva legislación de responsabilidad de los partidos políticos. O una oficina para recuperar los dineros que hayan sido distraídos en los casos de corrupción. Pero luego hay que concienciar a la sociedad. Nunca he visto a un político corrompiendo a otro político. He visto a empresarios, a gente que quiere una licencia o un permiso o cualquier cosa, pagar. Y es la sociedad la que debe denunciar esos casos.

¿Habrá un nuevo modelo de financiación durante la nueva legislatura que acabé con la marginación de esta Comunidad?

Es un compromiso del presidente del Gobierno. Desde el primer momento avisé que el sistema de financiación aprobado por Zapatero era perverso para toda España y, especialmente, para la Comunidad. ¿Por qué? Las transferencias de fondos que vienen desde la hacienda central a las comunidades autónomas tienen dos pilares básicos. El Impuesto sobre la Renta, por un lado; y los que gravan, por otro, los bienes inmuebles. Todo el mundo sabía en 2009, menos Zapatero, que se avecinaba una crisis de gran magnitud. En esa situación, el impuesto que más cae siempre es el de la Renta y, por eso, las transferencias bajan más. Y todo el mundo sabía también, menos Zapatero, que había una burbuja inmobiliaria a punto de estallar. En el año 2008 se iniciaron en España unas 600.000 viviendas, más que en el Reino Unido, Italia y Francia juntas. Por todo ello los impuestos que gravan la actividad inmobiliaria o las transmisiones iban a caer. Era un disparate monumental. Hay que cambiarlo de raíz.

Otro compromiso que no se ha culminado durante esta legislatura: Corredor Mediterráneo. ¿Se acabará en este mandato?

Una reflexión previa. Es obvio que en un momento de recesión económica los recursos disminuyen. Y es obvio que cuando has heredado una deuda gigantesca, gran parte de esos recursos tienen que destinarse a liquidar las cantidades pendientes. Por lo tanto, el dinero del que se dispone es limitado. Es así de sencillo. Dicho eso, el Corredor Mediterráneo era en un «power point». Es un compromiso asumido por Europa al que se han destinado importantes cantidades del presupuesto de Fomento para ponerlo en marcha. Es posible que se hayan producido retrasos en alguna de las obras. Pasa siempre. Pero se va a terminar.

¿Hasta qué punto puede dinamizar la actividad económica?

Es vital para la competitividad de nuestras empresas. El Corredor Mediterráneo nos va a permitir tener una posición privilegiada en el tránsito de los bienes que vienen desde el norte de África. La UE va a invertir mucho para evitar la tentación de que la población que vive allí quiera trasladarse a Europa. Y también porque Asia-Pacífico va a ser el motor del mundo. Gran parte de todo ese tráfico va a venir por el Canal de Suez y, por tanto, llegará a algún lugar de la cuenca mediterránea. Y si tenemos el Corredor, lo más probable es que podamos aprovechar todos esos flujos de riqueza y convertirnos en su puerta de entrada.

¿Habrá dinero para solucionar el problema del agua en Alicante?

Yo luché mucho desde el Parlamento Europeo por el Plan Hidrológico Nacional. Y lo primero que hicieron los socialistas fue derogarlo y sustituirlo por un programa de desalación que es un dislate. La desaladora de Torrevieja, en la que se invirtieron 300 millones, tenía que generar 80 hectómetros cúbicos. Consume la energía que necesita toda esa población en verano y, encima, seguirá generando un agua tremendamente cara. Ha habido que subvencionar la hora en caso de sequia. La directiva del agua europea obliga a recuperar los costes de la inversión. Por eso ese agua siempre saldrá a un precio muy alto.

¿Por qué ahora se descarta ya por completo la toma de Cortes de Pallás en el Júcar-Vinalopó para apostar por la del Azud de la Marquesa, que tiene peor calidad?

La toma del Azud de la Marquesa es una decisión del gobierno de Zapatero. Y si no hubiéramos terminado esa toma para 50 hectómetros cúbicos hubiéramos tenido que devolver el dinero a Bruselas, lo que hubiera sido un disparate. Es verdad que ese agua no sirve para consumo de boca y que hay que traer el agua desde donde sea. Desconozco si es desde Cortes de Pallás. Para resolver este tema, que es otro problema heredado, habrá que hacer un pacto nacional del agua, que es lo que llevamos en nuestro programa electoral. Todo lo demás es literatura.

Uno de los temas de esta campaña es la propuesta de Ciudadanos de cerrar 85 ayuntamientos de la provincia -todos los de menos 5.000 habitantes- para ahorrar. ¿Están dispuestos a negociarlo?

Estamos en contra de la desaparición de los pueblos pequeños. Los vecinos tienen su «coranzocito» y quieren tener su ayuntamiento. Pero es que, además, no se ahorraría: a los funcionarios se les tiene que seguir pagando y los servicios se tienen que prestar. Es el «chocolate del loro» frente a un daño sentimental. En términos de eficacia es una absoluta barbaridad. Lo que se tiene que hacer a nivel local, se tiene que hacer en cada uno de los ayuntamientos.

Usted es de los pocos del PP que se ha «movido» en Cataluña. ¿Tiene solución ese conflicto?

Desde que tomé posesión en 2011, ya dije que Cataluña era el principal problema que se nos iba a plantear. ¿Por qué? La llamada cuestión catalana siempre aparece en épocas de crisis. Aparece con la elaboración del Estatuto de Cataluña y con el pacto del Tinell, un acuerdo suscrito entre los socialistas, ERC e Iniciativa para excluir al PP y a una parte de la sociedad. A eso se suma Zapatero diciendo que aprobaría lo que saliera del Parlamento catalán sin tocar una coma, un disparate. Y una sentencia del Constitucional con la anulación de 14 artículos que, si se pregunta, nadie sabe cuáles son. No se puede elevar una cuestión jurídica a un tema político.

Pero en estos momentos ya hay una parte muy amplia de la sociedad que pide la independencia...

Aquí había una crisis y tenían que haber hecho lo mismo que nosotros: coger el toro por los cuernos. Y eso no es agradable. Artur Mas ha preferido decir vamos a discutir la independencia antes de que me discutan los recortes o la corrupción. Esa es toda la historia. Yo he puesto un grupo de trabajo que todos los viernes se ha reunido para estudiar la cuestión catalana. He hecho todo lo que he podido para que esta pugna, que tenía un campo de batalla internacional, no la ganasen. La independencia de Cataluña sólo sería viable si fuera reconocida por Naciones Unidas y pudieran formar parte de la Unión Europea. No se cumplen ninguna de esas dos condiciones. Sería, por tanto, un gobierno en quiebra sin acceso al FMI ni a la financiación del Banco Central Europeo. Y todo eso nadie se lo está diciendo al pueblo de Cataluña.

¿Pero se puede encauzar una salida a esta crisis territorial?

Tenemos que saber lo que se puede hacer y lo que no. Usted y yo no podemos discutir el estatuto de la comunidad de vecinos y cómo pagamos el ascensor si usted lo que quiere es prenderle fuego al edificio. ¿Solución? Discutir un nuevo sistema de financiación es razonable y posible. Pero no podemos ceder ni un milímetro. Estamos asistiendo a un golpe de estado institucional con un quebrantamiento deliberado del orden constitucional, como recoge la declaración aprobada en el Parlamento de Cataluña. Y en esas condiciones no se puede negociar.

Vamos camino de un Congreso fragmentado y en el que serán necesarios acuerdos para gobernar. ¿Prefiere un acuerdo con los socialistas o con los «emergentes»?

Quiero que el PP sea la fuerza más votada y que le saquemos la mayor distancia posible al segundo para poder negociar en unas condiciones razonables. España va a tener problemas que afrontar durante la próxima legislatura: el desafío catalán, la financiación autonómica y del Estado del Bienestar, mantener un modelo productivo en un mundo globalizado, la refundación de la UE a muy corto plazo...

¿Y qué coalición afrontaría mejor todas esas cuestiones?

Yo propongo invertir el método. En lugar de decir con quién nos vamos a coaligar, habría que ver los problemas que tiene España, hacer un diagnóstico de la solución, ver cuáles son los programas políticos que sirven para responder a ese diagnóstico y ver con quién se puede coincidir. Es evidente que no lo vamos a hacer con Podemos ni en el modelo territorial ni en una economía como la de Grecia o Venezuela. Vamos a ver quién coincide en el diagnóstico y en la terapia a aplicar.

Reitero: ¿Una gran coalición con el PSOE sería posible? No se ha ensayado nunca en España.

Se habla de una segunda transición y la primera fue mucho más difícil que esta. Pasamos de una dictadura a la Democracia, con la crisis del petróleo de 1973, un grupo terrorista que asesinó más gente en Democracia que en dictadura, con una parte del Ejército que no estaba de acuerdo... Y lo hicimos porque todos pusimos por encima los intereses de España a nuestros intereses particulares. Eso te lleva al consenso. En el 77 todos queríamos acertar, recobrar las libertades sin liarnos a tiros. Y acertamos. Lo que yo pido a los partidos políticos que quieran, que tengan actitud de diálogo, de consenso, con una enorme claridad de las cosas que quieren hacer y dónde no se puede ceder con la idea de buscar resultados conjuntos.

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