«No sé de qué se quejan». El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, rechazó ayer durante una visita a Valencia y a cinco días de las elecciones generales que la Generalitat tenga un problema de asfixia económica como consecuencia de la deuda autonómica, que a final de año alcanzará los 42.000 millones. Montoro señaló que el 70% del agujero económico que heredó el Ejecutivo de Ximo Puig y Mónica Oltra es con el Estado y que éste no genera intereses, por lo que negó que exista un «ahogo» ya que el pago siempre se alarga en el tiempo. «Ya dijimos que aquí no va a quebrar nadie», aseguró. El ministro compareció durante una hora en la Delegación del Gobierno en Valencia -por su propia iniciativa según fuentes del PP - para presentar el reparto extraordinario del rescate, que permitirá al Consell pagar 1.536 millones en facturas pendientes.

Montoro repitió varias veces que la Generalitat no paga intereses por la deuda con el Estado y subrayó que se ha producido una mejora del rating, que no ha ocurrido en otras autonomías, como Cataluña. El responsable de la Hacienda española admitió que existe un problema de infrafinanciación en la Comunitat Valenciana y se comprometió a resolverlo a principios de la próxima legislatura a través de un comité de expertos en el que también participarían valencianos, una autonomía donde este asunto está muy estudiado, subrayó. El titular de Hacienda reconoció que el Gobierno «no ha sido capaz» de acometer en esta legislatura la reforma de la financiación, pese a la mayoría absoluta del PP en el Congreso, por la situación de crisis económica.

«Es una deuda entre nosotros, el Estado, y estamos gestionando para que no haya ahogos», dijo. Detalló que el Consell tendrá más dinero disponible en 2016, en torno a mil millones, porque no paga intereses y por los mayores ingresos, y destacó que se ha producido un «procedimiento de mutualización» que permite que la deuda de los valencianos sea ante el Estado y no frente a los mercados, como ocurría al inicio de la legislatura. Una financiación a coste cero frente a los intereses del 6% a los que obligaba el plan de proveedores de 2012 o los «bonos patrióticos» con los que la Generalitat trató de financiarse en los primeros meses del mandato de Fabra y que el ministro desacreditó.

Respecto a la financiación admitió: «No hemos sido capaces de mejorarla; es la tarea pendiente», aunque, según dijo, su partido quiere poner en marcha la reforma del modelo «cuanto antes», al inicio de la legislatura, en 2016, aprovechando que el calendario ya no tiene citas electorales. Montoro negó que su visita de ayer a Valencia tuviera un carácter electoralista porque cada mes de diciembre se presenta el Fondo de Liquidez (FLA). Dijo que la acción del Gobierno «no se paraliza» y que lo único diferente en esta ocasión es que el domingo se celebran elecciones generales. Con todo, aludió a la «singularidad» de la Comunidad en el reparto de fondos del rescate, ya que es la segunda autonomía que más recibe tras Cataluña. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se quejó: «Nos ofenden». Y comparó la visita de Montoro con el reparto del aguinaldo navideño. Respecto a los 52 millones que la Generalitat tiene que pagar en intereses de demora por el retraso del anterior Consell en pagar a la Agencia Tributaria las cantidades retenidas a los funcionarios en concepto de IRPF, Montoro lo admitió pero respondió que fue una operación de tesorería «legal y pactada» que se realizó para garantizar liquidez.