La situación ha dado un giro desde 2011 hasta hoy. Del agujero de la recesión se ha pasado a una senda expansiva. La salida a la crisis todavía se vislumbra lejana, como alertan muchos analistas, pero la economía española ya ha empezado a dar síntomas de recuperación. Incluso organismos internacionales como el FMI colocan a España a la cabeza en crecimiento entre los países de la zona euro, a un ritmo que se sitúa por encima del 3%, y por delante de Alemania, Francia o Italia. La situación ha cambiado de tal manera que Mariano Rajoy no ha dudado en convertir los datos económicos en el eje de su campaña y en atribuir esos guarismos a las reformas impulsadas por su Ejecutivo. No en vano, esos ajustes del Gobierno del PP, junto a la mano que ha venido echando el BCE y Draghi -con medidas como el programa de compra de deuda-, y junto a la depreciación del euro y la caída del precio del petróleo, por ejemplo, han contribuido a que el temor a un posible rescate haya desaparecido, que la prima de riesgo se haya normalizado, que la economía haya empezado a crecer y que, poco a poco, se vaya ganando en confianza. Sin embargo, la recuperación no ha llegado a todos. Las cifras macroeconómicas han ido mejorando a golpe de recortes y de subidas de impuestos, aunque en estos momentos todo se haya suavizado por la cita electoral. Ahora bien, la recuperación macroeconómica ha venido acompañada de un aumento de la precariedad laboral, de las desigualdades y de la población que se encuentra en riesgo de exclusión social, cuando no en la pobreza extrema.
Los números que deja la última legislatura en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana no pueden ser más ilustrativos. De hecho, en 2011, cuando Rajoy se convirtió en el nuevo inquilino de La Moncloa, la economía valenciana retrocedía a un ritmo del 1,3% anual, y en 2012 incluso se llegó al 2,9%. La tendencia, sin embargo, se invirtió en 2014, cuando la economía empezó a crecer a una velocidad del 2,1% anual, y las previsiones apuntan a que en este 2015 se podría llegar al 3,5%, volviéndose a situar así el PIB autonómico por encima de los 100.000 millones de euros.
También la cifra de desempleados da cierto balón de oxígeno. La tasa sigue siendo excesivamente elevada, pero al menos Rajoy, con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) en la mano, puede decir que cierra el mandato en Alicante con la misma bolsa de parados y, concretamente, con 209.800, mientras que la cifra de ocupados se ha incrementado en 6.400 personas, dejando atrás así los números de 2012 y 2013, cuando, desde el punto de vista cuantitativo, se vivió lo peor. En el conjunto de la Comunidad hasta se ha logrado bajar la cifra de desocupados, pasando de los 604.400 de hace cuatro años a los 542.600 de la última EPA.
También el tejido empresarial empieza a adar síntomas de recuperación, más allá de las cifras que arroja el comercio exterior. Tras la sangría de los últimos años, el número de compañías activas en esta provincia empieza a subir. La bolsa de firmas que operan en Alicante aún está por debajo de las que se contabilizaban en 2011, pero, por primera vez en esta legislatura, han empezado a repuntar, y ya superan las barrera de las 130.000.
No obstante, este panorama contrasta desgraciadamente con la realidad que se desprende de otras estadísticas elaboradas también por el propio Gobierno, y que vienen a poner en evidencia que el día a día de muchas familias está alejado de esa bonanza que ya empieza a reflejar la macroeconomía. Sin ir más lejos, la población en riesgo de exclusión social ha subido en siete puntos respecto a 2011, según el INE, y se situó al cierre de 2014 en el 34,7%. No sólo eso. La renta media por hogar en la Comunidad Valenciana, según el Instituto Nacional de Estadística, está en los 22.392 euros, ni más ni menos que casi 4.000 euros menos que en 2011, y a estas alturas más de la mitad de parados ya se ha quedado sin ningún tipo de prestación. Lo peor es que ni siquiera tener un puesto de trabajo ha salvado a la gente de la pobreza, por el retroceso de los salarios, que han ido cayendo y cayendo en los últimos tiempos, y por la precarización. En este sentido, los últimos informes que ha ido haciendo públicos UGT de l'Alacantí-Les Marines ponen de manifiesto que dos de cada diez contratos que se firman en esta provincia no llegan a superar la semana de duración.
Ante este escenario, la opinión de los expertos es la que es. La profesora de Economía Aplicada y del Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante (UA), Paloma Taltavull, no lo duda: «Hay tendencias que apuntan hacia la recuperación, pero los indicadores demuestran que no estamos mejor que hace cuatro años, y, además, la deuda pública está en el 100% del PIB, muy por encima de la que se encontró el PP en 2011, y una posible subida de los tipos de interés puede llevar a que caiga el gasto público, con lo que eso puede suponer», alerta la investigadora. «No se puede saber qué habría pasado con otros gobernantes, pero en estos momentos tenemos unos índices de pobreza demasiado elevados, aunque también es cierto que lo que invertimos antes, en los años previos a la crisis, es lo que está manteniendo el sistema», apostilla.
También el catedrático de Organización de Empresas de la UMH José María Gómez Gras lo tiene claro: «Es evidente que la economía ha mejorado con un claro reflejo en la evolución muy positiva del PIB y de la prima de riesgo, lo que ha favorecido la expansión de las empresas y en muchos casos de sus exportaciones. Ahora bien, continúan algunas asignaturas pendientes para que llegue a poder ser apreciada por la totalidad de la población y la sociedad», sentencia. En esta línea, indica que, «para que la recuperación sea sentida por todos, aún continúan algunas lagunas muy significativas como la creación de nuevos puestos de trabajo, la reducción del déficit público, el incremento de la remuneración salarial, y la eliminación de desigualdades sociales y de la pobreza en muchas partes de la población». Gómez Gras, de hecho, puntualiza que «en contra está no haber podido implementar nuevas reformas necesarias -políticas, económicas, tributarias, energéticas, educativas y sociales-, para mejorar los modelos productivos en una mayoría de sectores y así ayudar al equilibrio de la estructura económica y al cambio de su patrón de crecimiento, que sigue dependiendo en exceso de la construcción y del turismo». No se para ahí y añade que, muy relacionado con esto, quedan otras cuestiones pendientes como, por ejemplo, la liberalización de mercados, la mejora de la productividad tecnológica de empresas y administraciones, la cualificación de trabajadores y profesionales, o la reducción de costes energéticos y de comunicaciones.
