«Cementerio de elefantes», «retiro dorado», «jubilación cómoda y soñada»... Son muchas las expresiones acuñadas en los últimos años para desdeñar la función del Senado y poner en tela de juicio su influencia real en la vida política española. Refugio habitual de exaltos cargos y políticos en retirada o con mala fortuna electoral, la desconsideración y el desapego hacia el Senado avanza en esta campaña electoral, en la que un partido emergente reclama directamente su desparición (Ciudadanos) y los demás abogan por su reforma para que se convierta en un órgano de verdadera representación territorial. De hecho, con mayor o menor énfasis, todas las formaciones coinciden en que una de las prioridades de la revisión de la Constitución debe ser la redefinición de competencias de la Cámara Alta.
Cuatro senadores se elegirán el próximo día 20 en la provincia de Alicante para la undécima legislatura. El PP ha renovado su candidatura -en la que sólo repite Agustín Almodóbar, en el tercer lugar- y ha prescindido de Miguel Campoy y Virginia Romero para dar entrada a otras dos veteranas de la política autóctona: la exalcaldesa de Elda, Adela Pedrosa, y la exconsellera y portavoz en el Ayuntamiento de Alicante, Asunción Sánchez Zaplana. Los socialistas vuelven a apostar por Encarna Llinares -que ha sido portavoz de sanidad y servicios sociales en la novena legislatura tras dejar las Cortes Valencianas-, a la que acompañan María Teresa Maciá y el exedil Pedro Boj. Mientras, la candidatura de Ciudadanos la encabeza María Quiles y la de Compromís-Podemos Vicenta Jiménez, debutante en política, a la que llega procedente del movimiento ciudadano del 15-M.
«No me considero una elefanta, ni estoy de acuerdo con la visión muchas veces negativa que se tiene del Senado, ni creo que vaya a acabar aquí mi carrera política», afirma la popular Adela Pedrosa. «En esa cámara hay gente mayor y gente joven perfectamente capacitados y yo estoy encantada de participar en esta nueva etapa, en la que espero que se pueda avanzar en la reforma del Senado», añade.
En la misma línea, la socialista Encarna Llinares considera ofensivo el menosprecio que arrastra con frecuencia este órgano parlamentario «porque hay gente muy valiosa, con responsabilidad política y experiencia, que han sido presidentes de sus comunidades autónomas y están en condiciones de aportar mucho al bien común». La candidata socialista recalca que el desprestigio del Senado no beneficia a nadie, es partidaria de conjugar en su seno juventud y experiencia y recalca que en Europa casi todos los países cuentan con una cámara de esta naturaleza.
Frente al cierre de filas de los partidos tradicionales y mayoritarios, Ciudadanos apuesta por cerrar el Senado y crear el Consejo de Presidentes de las Comunidades Autónomas como cámara de representación territorial real. El partido naranja incluye esta supresión en sus propuestas para «Una administración más eficiente» bajo el epígrafe «Regeneración democrática e institucional».
El otro partido emergente, Compromís-Podemos, no es partidario de la supresión, «para no eliminar puestos de representación democrática», pero sí de una reforma profunda «de este cementerio de elefantes políticos para que deje de ser una cámara de representación provincial y se constituya como territorial, cediendo espacio a representaciones autonómicas», explicó Rita Bosaho, cabeza de lista al Congreso por Alicante. A su vez, la candidata al Senado de la coalición, Vicenta Jiménez, mantiene que hay parlamentarios muy valiosos en la Cámara Alta, «pero también otros que han buscado un retiro cómodo como [los populares] Alberto Fabra y Rita Barberá tras su fracaso en las anteriores elecciones autonómicas y municipales». Jiménez cree que ese «retiro» es «legal pero poco ético» y viene a avalar una sensibilidad popular, según la cual «no trasciende lo que hacen los senadores, cuya función es simbólica, y resulta muy caro un parlamento que cuesta 53 millones al año sin que se sepa en qué revierten para la gente». La candidata de Compromís-Podemos también reclama el final de «privilegios» en el Senado «como el cobro de más de un sueldo de la administración, tarjetas de viaje y seguros de vida» y defiende su reforma para sea efectivo y refleje la realidad plurinacional del país.
En cuanto a sus propuestas de reforma de la Cámara Alta, la popular Pedrosa plantea que sea «limitada» y que le reconozca una «capacidad legislativa real» para que las Comunidades Autónomas «puedan debatir sus leyes en esta cámara y no se limite a enmendar las del Congreso». Por su parte, la socialista Llinares apuesta por que la Cámara Alta debata cuestiones territoriales como la financiación autonómica y la cooperación con la Unión Europea, así como por reducir el número de senadores y el método para su elección.
