La lucha contra los casos de corrupción, la lacra que marcó el día a día de los últimos años de la gestión del PP en la Generalitat, se metió ayer de lleno en la campaña. El Consell que comparten los socialistas y Compromís aprovechó el Día Mundial contra la Corrupción para volver a poner encima de la mesa un pasado que convirtió a la Comunidad -junto a Andalucía y Madrid- en el símbolo de las malas prácticas en la gestión pública y, de paso, evidenciar que el nuevo Ejecutivo de izquierdas está dispuesto a dar un giro a ese panorama. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el conseller Manuel Alcaraz firmaron un convenio con Transparencia Internacional que incluye un anexo con trece medidas extraordinarias que, entre otras cosas, supondrá una nueva vuelta de tuerca al control de los altos cargos: tendrán que publicar su patrimonio y sus bienes año a año, algo que hasta ahora sólo tenían que hacer al principio y al final del mandato.
De los trece acuerdos incluídos en el anexo del convenio que rubricaron ambas instituciones, la conselleria de Transparencia está desplegando la mitad. Ya se están publicando las agendas del jefe del Consell y de los diferentes departalmentos; los gastos de los viajes; la información en formato reutilizable; el listado de regalos y obsequios que reciben los altos cargos; los informes de los órganos de asesoramiento jurídico y de la intervención; los sueldos de los máximos responsables de entidades dependientes o participadas por la Generalitat; y, en una parte, el patrimonio y los bienes de altos cargos que, a partir de ahora, se tendrán que actualizar anualmente, algo que «costará», como reconocieron fuentes autonómicas, por la burocracia que puede originar.
El resto de iniciativas que tendrá que acometer la Generalitat para cumplir el convenio con Transparencia Internacional -tendrá una vigencia de dos años prorrogable por otro periodo similar- están ya ultimándose o bastante avanzadas. Deberá publicarse el estado y la calidad de las aguas, la política de archivo o eliminación de documentos, elaborarse de un código de buen gobierno que podría publicarse antes de febrero, confeccionarse un protocolo de actuación en catástrofes naturales, ofertas de cursos sobre transparencia e informes sobre la morosidad.
El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, garantizó que la Generalitat se «esforzará» para cumplir todos los ítems establecidos por Transparencia Internacional en el primer convenio de estas características que la ONG firma con una autonomía. «Antes no se cumplían», reconoció Alcaraz. «Incrementar más la transparencia es la gran vacuna para evitar la corrupción», concluyó el conseller.
