Más allá de las diferencias entre el PP y el resto de partidos, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aprovechó su intervención de ayer en el Castillo de Santa Bárbara para defender la necesidad de reformar la Constitución. «En 1978 nos dotamos de un buen barco con unas buenas velas, pero la travesía continúa. También ese es el propósito de actos como el de hoy. Recordar que la Constitución es un producto vivo: un producto que debe saber adaptarse a las necesidades de la sociedad en cada momento histórico», comenzó diciendo.

Aunque no explicitó que artículos se deben actualizar, el jefe del Ejecutivo sí cimentó su intervención en la importancia de revisar la Carta Magna. «La reforma de la Constitución no representa un salto en el vacío, un riesgo de inestabilidad. Todo lo contrario (...). Temer el cambio de la Constitución supone temer la voluntad del pueblo soberano. Dudar, implícitamente, de su madurez y responsabilidad. Una duda similar a la que algunos esgrimían, en la Transición, cuando afirmaban que España no se encontraba preparada para la democracia y propagaban el miedo para ocultar sus prejuicios», apostilló.

Instantes después, el jefe del Consell ofreció cuatro razones para defender su postura. «La sociedad ha cambiado y hemos de adaptar nuestros acuerdos constitucionales a las nuevas circunstancias», dijo en primer lugar. «No sólo se trata hacer valer los derechos reconocidos sino también de reconocer nuevos derechos y de dar mayores garantías a los ya existentes», prosiguió. «Los retos de la actual generación son los nuevos retos del desarrollo sostenible y la gobernanza democrática», apuntó en tercer término. Y terminó: «La Constitución dispuso un régimen de autonomías que ahora, desde la experiencia vivida, podemos mejorar. En mi opinión, hacia un modelo federal que garantice la igualdad».

Otra parte de su discurso, aunque mucho más breve, la dedicó a loar algunas de las medidas que ha impulsado el nuevo Consell de izquierdas. Presumió de haber devuelto la universalidad al sistema público de salud; de haber derogado el copago para dependientes; de haber puesto en marcha un programa para garantizar la educación universal y gratuita para todos los niños; y de promover un recurso de inconstitucionalidad para que se cambie el modelo de financiación autonómica.