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El mandato de Rajoy se cierra con un déficit de inversión en la provincia de 586 millones

En los 5 presupuestos aprobados por el PP esta legislatura, Alicante recibió el 2,9% de las inversiones con el 4% de población

08.12.2015 | 08:54

La «deuda» en proyectos del Gobierno del PP con la Comunidad alcanza los 2.000 millones desde 2012

La puntuación de la gestión del Gobierno de Mariano Rajoy en la provincia durante la última legislatura, al menos si atendemos al reparto de los presupuestos, sólo puede ser de un rotundo suspenso. El mandato del PP se ha saldado con un déficit de inversión en las comarcas de Alicante de 586 millones de euros desde 2012, de acuerdo con los datos que figuran en las cuentas del Estado pero también en las estadísticas de la Cámara de Contratistas. Una «deuda histórica» en inversiones que se acerca a los 2.000 millones en el caso de toda la Comunidad. Es decir que al expolio que sufre la Generalitat con la financiación autonómica –unos mil millones menos cada año– se tiene que sumar el tijeretazo a las inversiones de este mandato, que ni se ajustan al volumen de población ni tampoco a la aportación de la Comunidad y de la provincia al Producto Interior Bruto (PIB) de España.

La traducción de ese escenario es dramática. Una doble discriminación que tiene un impacto directo sobre los servicios públicos básicos –Sanidad, Educación y Servicios Sociales– que se nutren de la financiación autonómica; pero también sobre el desarrollo económico que tiene su origen en la construcción de nuevas infraestructuras. Más allá de la llegada del AVE –encarrilada prácticamente por los socialistas– el Ejecutivo de Rajoy se ha dedicado al mantenimiento de obras y a las promesas incumplidas. Los datos, de hecho y si se revisan los cinco presupuestos aprobados con Cristóbal Montoro de ministro entre 2012 y 2016, vuelven a poner encima del tapete el «ninguneo» a la provincia y a la región. Alicante tiene el 4% de población y tan sólo recibe el 2,9% de inversión. Resumen: 586 millones menos de lo que, en realidad, nos tocaba. La Comunidad Valenciana aglutina el 10,6% de los habitantes de España y casi un 11% del PIB cuando, durante este mandato de Rajoy, sólo se le ha consignado un 7,16% de las inversiones de toda España. Cuatro puntos menos de lo que, en la práctica, le correspondía a los valencianos.

Los datos de licitaciones –las obras que realmente se han empezado a ejecutar de todas las que se promete cuando se elaboren las previsiones de gasto– tampoco son mejores, teniendo en cuenta los informes de la Cámara de Contratistas y de Seopan. Ni mucho menos. También nos quedamos a la cola. El dato de las licitaciones es, incluso, más real en tanto que ya no se atiende a promesas de presupuesto. Son obras en las que ya se está trabajando. Y, además, normalmente se trata de una cantidad menor a la prometida en tanto que no se suele ejecutar la cantidad total que se promete en las cuentas.

De acuerdo con ese indicador, el déficit de licitación en la provincia sería de 322 millones mientras que en el conjunto de la Comunidad, con los datos actualizados a los nueve primeros meses del año, sería de 976 millones. Es decir que para «cumplir», al menos en aquello que se pone en marcha de todo lo que se promete a «bombo y platillo», el Gobierno tendría que haber iniciado procedimientos de adjudicación de obras por esos importes. Ni ha cumplido Madrid con el reparto de los presupuestos ni tampoco, por tanto y como se desprende de los datos, con la gestión. Conclusión: se prometen pocas obras y, encima, esas tampoco se ejecutan en su totalidad.

Junto al grave déficit de financiación con una «deuda histórica» de unos 15.000 millones, además, durante este último mandato, se habría acumulado otro «agujero» de unos 2.000 millones a favor de la Comunidad en materia de inversiones. Cabe recordar que el Consell anunció la semana pasada su intención de demandar al Gobierno de España en los tribunales y llevar los presupuestos al Tribunal Constitucional por la marginación de la Comunidad Valenciana, decisión pendiente ahora de una reunión previa con el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy.

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