El esfuerzo inversor del Gobierno central en la provincia se fue diluyendo a lo largo de la legislatura a medida de que pasaban los meses y el Ejecutivo aprobaba, hoy sí y mañana también, medidas económicas para reducir el déficit público y pagar las facturas que encontró en el cajón heredadas de la etapa de Zapatero, en especial en los departamentos de Fomento y Agricultura, encargados de la inversión en infraestructuras y agua. Lo cierto es que la ministra Ana Pastor arrancó con fuerza. Lo hizo gracias a que había obras que estaban muy adelantadas y a que su apuesta personal, el AVE, llegó a Alicante en junio de 2013. La alta velocidad entró en la provincia, no obstante, a través de una estación en superficie -6 millones- que se comió la demandada estación intermodal y dejó en el limbo el proyecto del soterramiento, que ya se había parado en 2010 y que el PP enterró definitivamente. Eso eso sí, tras una inversión de 6.000 millones ejecutada por el PSOE y el PP para traer la alta velocidad.
¿A partir de ahí? La nada, porque tampoco se ha iniciado el tren de la costa, ni se ha articulado la red ferroviaria de cercanías Alicante-Villena, actuaciones para las que no ha habido ni presupuesto ni voluntad política como lo demuestra la revelación hecha pública hace una semana en las Cortes por la consellera María José Salvador : el convenio anunciado el 20 de abril de 2010 entre el Gobierno (PSOE con Zapatero) y el Consell (PP con Camps) nunca se firmó. Los fondos para inversiones ferroviarias se han centrado en estos cuatro años en la mejora de la infraestructura ferroviaria de Alta Velocidad (Corredor Mediterráneo y finalización de la plataforma del AVE hasta Elche), que debe culminar, si se cumplen las previsiones, en el año 2016, aunque ya nadie pone la mano en el fuego por la fecha de llegada. En el epílogo de la legislatura se ha hecho pública, por otra parte, una inversión de 5 millones de euros para ampliar la playa de vía de la estación-término de Alicante, lo que en la práctica entierra definitivamente la infraestructura intermodal.
Fomento retomó, por otro lado, la intención de modernizar el tramo de la A-31 (autovía de Madrid) entre Alicante y Bonete, presupuestado en 2008 con 213 millones de euros, aparcado después durante cinco años y que «reapareció» en 2015 con una previsión de gasto de 12,7 millones de euros, cantidad que también se invertirá cada año hasta 2017. A partir de ahí la incógnita, ya que el Gobierno no prevé tener lista la mejora de esta autovía de nueva generación (antigua carretera nacional transformadas en autovías) hasta 2026. A más de uno le pillará ya en plena jubilación.
Anunciado una y otra vez pero sin moverse una piedra está el proyecto para desdoblar la N-338, que conecta la circunvalación con la N-332. Cerrados los capítulos destinados al ferrocarril y las carreteras, las inversiones del Gobierno en la provincia se basarán prácticamente en el mantenimiento de infraestructuras y, como siempre, los proyectos «fantasma», como la variante de Benissa. Y tras la inauguración del nuevo aeropuerto, la inversión en materia aerportuaria se concentró en la adecuación de la T-2 y para cubrir el día a día. En cuanto al Puerto de Alicante, éste ha recibido a lo largo de la legislatura unos cinco millones de euros para proyectos menores en los muelles de levante y poniente. Por fin, en noviembre se desbloqueó la conexión ferroviaria para carga con Madrid, pero sigue sin conocerse si al final enganchará con la alta velocidad.
Poco trasvase
Una legislatura más, las negociaciones entre la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó y el Gobierno para recuperar la segunda toma del agua, y que el caudal sirva para regar y beber, no sólo no han servido para nada, sino que han saltado por los aires al aceptar los regantes la polémica conexión desde el Azud de la Marquesa. La sociedad estatal Acuamed no ha consignado ni un euro para el trasvase, por lo que tampoco está claro de dónde sacará el dinero para arreglar el embalse de San Diego (Villena), clausurado desde enero por las filtraciones de agua. Hoy, el Júcar-Vinalopó es un proyecto aparcado donde se han invertido más de 400 millones. Los socialistas cambiaron la toma y encendieron la mecha para que todo saltara por los aires. Y el PP no se molestó en apagar. Conclusión: ni agua de calidad, ni agua en cantidad por mucho que la ministra de Agricultura, Isabel García-Tejerina (hacer regular, que no buena, a Cristina Narbona parecía imposible) quiera vender como un éxito que el Júcar trasvase a Alicante agua que en muchos meses del año contiene restos de pesticidas. Para eso no hacía falta esperar 600 años.
Acuamed, la empresa estatal del Ministerio de Agricultura, se ha gastado casi todo el esfuerzo económico de la legislatura en terminar las desaladoras de Torrevieja y Mutxamel (herencia de la exministra socialista Cristina Narbona) e, incluso, las ha puesta en marcha. La sequía acompaña y tanto agricultores como usuarios han terminado comprando el agua desalada. Nadie duda de su calidad pero el precio es como el agua mineral del supermercado y en el campo resulta un lujo imposible de afrontar pese a la subvención de 0,4 euros el metro cúbico que paga el Gobierno y que, incluso, es de dudosa legalidad si nos atenemos a la normativa comunitaria. En definitiva, no llega más agua, y la que se envía, o es de dudosa calidad (Júcar-Vinalopó) o carísima (desaladoras). Y, encima, cada vez llueve menos.
