Con apenas unas horas de campaña electoral, los socialistas pusieron en el tapete uno de los grandes debates que afecta a la principal institución que tiene sede en la provincia: la Diputación. Durante una comparecencia en el Palacio de la Avenida de la Estación, el número uno del PSOE al Congreso, Julián López Milla, lanzó la propuesta de su formación sobre la corporación, especialmente importante en Alicante en tanto que se trata de la mayor circunscripción de toda España que no es capital de una autonomía. La Diputación, por tanto, es una referencia en la vida política provincial. López Milla no se salió del guión marcado: la corporación provincial se tiene que despojar de todos sus atributos políticos, dedicarse en exclusiva a la atención de los municipios con menos de 20.000 habitantes y coordinar sus presupuestos con los de la Generalitat para evitar que cada uno haga la guerra por su cuenta, como está ocurriendo en estos momentos entre la corporación que preside César Sánchez y la que encabeza Ximo Puig.
No hubo ningún argumento nuevo. Pero con la comparecencia de López Milla el debate ya está en el tablero de la disputa electoral. El futuro de la Diputación se va a decidir en esta legislatura. La reforma de la Constitución será uno de los caballos de batalla de los próximos cuatro años y el futuro de las instituciones provinciales entra en ese paquete. Las instituciones provinciales están «blindadas» en la Carta Magna y sólo se pueden «tocar» con un cambio de ese texto. Los nuevos actores de la escena política en España, alejada por completo del bipartidismo, apuestan por reducirla a la mínima expresión o incluso cerrarla. La intervención de López Milla ratificó la intención del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de aprobar una serie de decretos para controlar el presupuesto de la Diputación como despliegue de la Ley de Coordinación. La tesis de los socialistas es que las corporaciones provinciales no pueden servir como un ariete contra el Consell como, por ejemplo, para entorpecer las ayudas a libros escolares.
El candidato explicó que el programa socialista pretende modernizar las diputaciones, reformulando su papel como «espacio de encuentro entre ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y dotándolas de competencias prestadoras de servicios». Al mismo tiempo, explicó, debe suponer «suponer una mejora de eficacia y eficiencia respecto a los servicios prestados por los municipios, siempre con criterios de trasparencia, racionalidad y democracia». La portavoz adjunta del PSPV en la Diputación, Carolina Gracia, explicó, por su parte, que «estamos convencidos de que las diputaciones deben jugar su papel en la financiación y coordinación con los municipios». «Apostamos por un modelo de Diputación como el que se ha establecido en Valencia -corporación gobernada por los socialistas y Compromís- que ha demostrado su atención a los ciudadanos, que gobierna para todos y que en el caso del proyecto Xarxa Llibres, ha sido un ejemplo a seguir. Aquí el PP con el apoyo de Ciudadanos lo boicoteaba y metía miedo a los municipios».
No hay unanimidad, en todo caso, sobre el futuro de las diputaciones. Tanto Ciudadanos -a pesar de que en Alicante sostiene el gobierno provincial del PP- como Compromís-Podemos y también EU apuestan por cerrar las corporaciones provinciales para generar un ahorro y entregar esas competencias a las comunidades autónomas. También se muestran favorables a acabar con el Senado. Los populares, sin embargo, son partidarios de mantener las instituciones provinciales en su actual concepción. Así que el juego de mayorías que se produzca en el Congreso será clave en el supuesto de que se inicie una negociación para empezar a reformar la Carta Magna, como piden la mayoría de grupos.
