El Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra acudirá finalmente a los tribunales para defender una financiación justa para los valencianosacudirá finalmente a los tribunales . La decisión estaba tomada, pero el anuncio había quedado en suspenso tras la reunión del pasado 2 de noviembre entre el jefe del Consell y el presidente del Gobierno, en la que se anunció la llegada de 1.471 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) antes de final de año.
Sin embargo, la decisión del Ministerio de Hacienda, con Montoro al frente, de abonar en los próximos tres años la deuda histórica con Extremadura ha sido la gota que ha colmado el vaso, según reconoció ayer el propio Puig.
El pleno del Consell aprobará hoy presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016, que fundamenta en la infrafinanciación y la discriminación a la que se somete a la Comunidad Valenciana. Con todo, no será la única medida legal que adoptará la Generalitat, que también acudirá al contencioso-administrativo para que se garantice la igualdad de los valencianos con el resto de ciudadanos de España. El Gobierno valenciano entiende que existe un incumplimiento de la ley de financiación de las comunidades autónomas, la Lofca.
Puig realizó el anuncio ayer durante la sesión de control en las Cortes. «Ya está bien la broma, se ha acabado; hay una desatención permanente a los valencianos», lanzó el presidente, que dibujó un escenario de un gobierno autonómico totalmente rehén del oxígeno financiero del FLA, que llega cuando el Gobierno estima conveniente. De hecho, el grueso del fondo de rescate que el Consell lleva meses reclamando, y que asciende a 1.471 millones de euros, será finalmente efectivo el 15 de diciembre, a cinco días de las elecciones. Puig añadió, además, que ya es el momento de empezar a hablar sobre los 16.000 millones de la deuda histórica.
Mientras, la consellera de Justicia y Reformas Democráticas, Gabriela Bravo, que, en principio, era reacia a presentar el recurso al Tribunal Constitucional, también se mostró ayer favorable al acuerdo que adoptará hoy el Consell.
Bravo defiende que lo deseable es evitar la judicialización de las cuestiones políticas, pero cree que la Generalitat no tiene más opción que acudir a la Justicia para defender sus derechos ante la «deslealtad, el ninguneo y los cinco meses sin respuesta del Gobierno», señaló. Bravo cree que el recurso es viable porque existe una argumentación jurídica sólida que da cobertura a las pretensiones de la Generalitat.
Sin embargo, como ha informado este diario, el Tribunal Constitucional ha tumbado todos los recursos de las autonomías para mejorar su financiación.
Los tres partidos que sustentan al Consell, PSPV, Compromís y Podemos mostraron ayer su apoyo. El síndic socialista, Manolo Mata, aseguró que cuando se agota la vía política sólo queda la judicial y pidió al TC celeridad, como ha ocurrido con Cataluña.
