Con el entierro del proyecto de la Ciudad de la Justicia, las grandes infraestructuras judiciales han pasado a la historia para la Generalitat Valenciana en una legislatura marcada por los recortes impuestos por las políticas de ajuste presupuestario. Tras más de doce años de retrasos, finalmente en el año 2012 la Conselleria de Justicia renunció a esta obra para sustituirla con una reforma en profundidad de la Audiencia de Alicante, así como del edificio de los juzgados de Benalúa. El bloqueo a la creación de nuevos órganos judiciales y el vaivén de consellers al frente de la cartera de Justicia han sido otras de las constantes de estos últimos cuatro años de mandato en los que hasta tres personas diferentes pasaron por esta conselleria.
La legislatura empezó en junio de 2011 con Jorge Cabré que año y medio después, en diciembre de 2012, fue sustituido por Serafín Castellano en la primera remodelación del Consell de Alberto Fabra. En junio de 2013, Castellano se marchó a la Delegación de Gobierno de Valencia y le relevó Luis Santamaría, quien se ha mantenido en el cargo hasta ahora.
Un incendio en la Audiencia de Alicante
puso de manifiesto la poca preparación de las instalaciones para afrontar este tipo de emergencias y que era urgente afrontar la reforma de las sedes judiciales de la ciudad. La Conselleria se rindió a la evidencia de que en plena etapa de recortes en el gasto público era inviable, que los más de cuarenta millones de euros que se necesitaban para hacer el macroproyecto de la Ciudad de la Justicia de Alicante fueran a estar disponibles a corto plazo. El entonces conseller, Jorge Cabré, decidió que era más ágil sustituirlo por otro mucho más modesto, que era la reforma del edificio ya existente y que requería una inversión de cerca de cuatro millones de euros. Los trabajos suponían la demolición interna de todo el edificio para rehacerlo totalmente nuevo, con la peculiaridad de que el personal no iba a ser trasladado a una sede provisional mientras se ejecutara la obra. Funcionarios y albañiles convivieron durante más de un año hasta que terminó la reforma, que no estuvo exenta de tensiones y malestar entre el personal. Una vez concluido este lavado de cara de la Audiencia, se ha anunciado la rehabilitación del Palacio de Justicia de Benalúa, que se irá acometiendo por fases y que podría ascender a 20 millones de euros. Por el momento, la primera fase se centrará en la modernización de la red eléctrica.
Otro de los puntos más polémicos en este mandato ha sido la situación del Palacio de Justicia de Alcoy. Los juzgados están funcionando en un edificio en malas condiciones, del que el anterior fiscal general del Estado llegó a decir que en cualquier momento podría ser cerrado por la Inspección de Trabajo. Mientras tanto, en la población existe un edificio nuevo y sin estrenar financiado por el Ayuntamiento y que se construyó para ser la sede de las nuevas dependencias.
El motivo de que no se hayan usado las instalaciones es que la Conselleria de Justicia no quiso asumir los sobrecostes que habían disparado el precio de las obras para dar más capacidad al edificio. Durante estos años, se han seguido utilizando las antiguas dependencias, pese a su evidente deterioro. Finalmente, el conseller Luis Santamaría anunció meses atrás un acuerdo con el Ayuntamiento. La operación, como otras veces, está a la espera de que reciba el visto bueno de los responsables de Hacienda en el Consell.
Juzgados paralizados
El bloqueo a la creación de nuevos juzgados ha sido otra de las constantes a lo largo de la legislatura. El Consell renunció en el año 2009 a la creación de nueve juzgados en la provincia de Alicante porque no tenía dinero para ponerlos en marcha. El Gobierno central debe asumir el dinero para pagar a jueces, secretarios y fiscales, pero corresponde a la Generalitat Valenciana aportar los funcionarios y los medios materiales para ponerlos en marcha. La situación se ha extendido a otras comunidades, por lo que la convocatoria de oposiciones para ampliar plantillas de funcionarios ha estado prácticamente congelada. Sin embargo, durante estos años han seguido saliendo jueces de la escuela judicial a los que había que dar destino. Como consecuencia de esta situación, han proliferado los jueces de refuerzo para ayudar a descongestionar las dilatadas agendas de los juzgados. Sin embargo, los trabajadores han denunciado que estas medidas no han venido acompañadas de refuerzo de personal y que las plantillas siguen siendo las mismas, pese a que los funcionarios son los que se encargan de trabajar por el cumplimiento de las resoluciones que dictan los jueces.
Fondos bloqueados
Si la falta de medios materiales y personales en los juzgados ha venido siendo una constante, los recortes presupuestarios que ha impuesto la crisis ha obligado a tratar de controlar el gasto en un departamento cuyo manejo de fondos ya era lo suficientemente ajustado. Medidas de austeridad que han llevado a promover el uso de los documentos impresos a dos caras para ahorrar papel y a recortes en el dinero de los abogados del turno de oficio, que soliviantó al colectivo. Una de las reivindicaciones del primer conseller de Justicia que tuvo la legislatura al Gobierno central fue el que la Generalitat pudiera disponer de los intereses que genera el dinero que está ingresado en las cuentas corrientes de los juzgados en concepto de depósitos y consignaciones judiciales. Un dinero con el que para la Conselleria se podría financiar sin problemas el dinero que cuesta el turno de oficio y zanjaría los constantes enfrentamientos con los abogados por los impagos de este servicio, desde que asumieron estas competencias desde hace ya más de una década. Las estadísticas judiciales reflejan que los juzgados de la provincia tienen más de 130 millones de euros bloqueados en cuentas correspondientes a pleitos que están por resolver.
