Los múltiples mecanismos de ayuda que ha impulsado el Gobierno central desde 2012 para salvar a las comunidades autónomas en apuros le han convertido ya en el principal acreedor de la Comunidad Valenciana. Las últimas estadísticas publicadas por el Banco de España sacan a la luz que la Generalitat arrastraba una deuda financiera de 37.376 millones al cierre de 2014. Con los préstamos que se han ido formalizando este año, el guarismo será netamente superior cuando expire el actual ejercicio.
De la cifra actual, más de la mitad se debe al Estado. Concretamente, 20.306 millones. Más que un presupuesto anual completo del Ejecutivo autonómico. Esa carga con Madrid se divide en dos partes. La primera, relativa al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), del que se deben devolver 13.006 millones... por ahora. Y la segunda, el plan de pago a proveedores, otro de los mecanismos que puso en marcha el Ministerio de Hacienda con el objetivo de que las comunidades autónomas saldaran los impagos con las empresas. De él se deben otros 7.300 millones.
Pese a toda esa carga, el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, ha querido destacar la importancia de los rescates estatales y, sobre todo, sus condiciones. «El FLA es un instrumento de liquidez procedente del Estado por el cual no pagamos intereses, dado el acuerdo del consejo de ministros de diciembre de 2014, lo que supone un reconocimiento de la infrafinanciación de la Comunidad que se intenta paliar a través de estos mecanismos», explica.
Y añade: «La Generalitat está en un escenario de normalidad en los pagos, en el mejor de la legislatura, con estabilidad y viabilidad financiera, priorizando los pagos derivados de la prestación de servicios públicos y fundamentales, ya que la mejor forma de ayudar a la economía es pagando en tiempo y forma».
Resumen: la Comunidad Valenciana está aprovechando las semanas previas a las elecciones para ir reduciendo sus impagos, pero a cambio dejará una hipoteca considerable al próximo gobierno autonómico.
