La investigación judicial de la presunta trama organizada en torno al todavía presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso RusAlfonso Rus, para el cobro de mordidas a cambio de adjudicar contratos públicos en administraciones del PP está configurando un vasto mapa de nombres (cargos públicos y dirigentes del partido), pero también tiene ya perfilado el alcance de los números. El exgerente de Imelsa Marcos Benavent era, junto al vicepresidente segundo provincial Máximo Caturla, uno de los presuntos cabecillas de la organización bautizada por la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción como «los hombres de Alfonso». Benavent se embolsó aproximadamente 470.000 euros al año gracias al montaje empresarial y político en el que participó activamente y del que levantó acta a través de las grabaciones. El volumen de negocio alcanzado por la trama, que supuestamente fue repartido en comisiones, se sitúa ya en los tres millones de euros, una cantidad que habría sido saqueada de las arcas públicas y canalizada a través de facturación cruzada entre las empresas de la trama y adjudicatarias de contratos públicos.
La recaudación de mordidas se vehiculó, según fuentes de la investigación, a través de facturas falsas -por servicios no prestados o cuyo coste fue hinchado- cargadas a empresas contratistas de la Diputación, de la propia Imelsa, de ayuntamientos controlados por afines a Rus o incluso de otras instituciones. Los modificados de obra, generadores de sobrecoste, era otra de las modalidades utilizadas para dar cobertura a las comisiones. Este sería el «modus operandi» con el que se habría actuado en empresas públicas como Ciegsa, encargada de construir colegios e institutos públicos, y en algunas de cuyas obras se amañaron supuestamente comisiones, como revelan las primeras grabaciones adelantadas por INFORMACIÓN.
Apenas Rus colocó a Benavent en la empresa pública Imelsa constituyó la firma pantalla Berceo Mantenimientos para la recaudación de comisiones a través de facturas que no tenían un soporte en servicios realmente prestados. Berceo facturó al menos a siete empresas que, a su vez, cobraron a la Diputación y a la propia Imelsa. En apenas un año de funcionamiento, Berceo adquirió dos áticos en Xàbia (por más de 600.000 euros) y una nave industrial. Dos de los testaferros de Benavent y presuntamente también de la trama eran Jaime José Úbeda y José Estarlich, quienes, a su vez, administraban varias de esas sociedades interpuestas como Ommega Mmoe o Genius Sport, caso de Úbeda, y Excavaciones y Movimientos Jemar o Spartaki Sinergias, en las que figuraba José Estarlich, yerno del alcalde de Anna, Miguel Ramírez, y esposo de la secretaria de Marcos Benavent en Imelsa. Otras de las firmas utilizadas por la trama fueron Thematica Events, Carlady, Forval CB o Carsan Rent a Car. Entre los pagos a Berceo por trabajos presuntamente no realizados, figuran 58.000 euros por una supuesta intermediación de la empresa de Benavent para que Imelsa contratara a Excavaciones Jemar para realizar «movimientos de tierra y excavaciones».
