El Tribunal de Cuentas ha instado a la junta de gobierno del tripartito que estuvo al frente del Ayuntamiento de Castalla durante la primera parte del mandato a pagar 100.552 euros por la polémica relacionada con la compra de material eléctrico y de limpieza. Entre las personas que tendrán que hacer frente a esta cantidad se encuentran los candidatos en estas elecciones del PSOE, Compromís y Alternativa Base Castalla.
El concejal de Compromís, Joan Antoni Cerdá, presentó su dimisión como miembro de la corporación municipal a consecuencia de la polémica suscitada con el gasto de 121.793 euros en productos de limpieza y 66.292 en bombillas y tubos fluorescentes cuando estaba al frente de la delegación de Mantenimiento Urbano. El edil justificó su marcha sobre la base de que se equivóco al fraccionar las facturas y para no perjudicar a su grupo.
Sin embargo, el PP, que gobierna desde mitad de mandato fruto de una moción de censura, calificó el gasto de desmesurado, al tiempo que denunciaba que las adquisiciones se realizaron a ocho empresas del mismo grupo y con precios de mercado elevados. Ese fue el motivo que le llevó a presentar una querella, que está admitida a trámite.
Mientras tanto, el Tribunal de Cuentas ha emitido un fallo en el que deriva la presunta responsabilidad hacia la junta de gobierno que aprobó dichos gastos. En concreto, obliga a siete concejales, así como a la interventora, a pagar de forma solidaria 100.552 euros.
Entre los ediles que tendrán que hacer frente al pago está la exalcaldesa y actual candidata del PSOE, Maite Gimeno, la alcaldable de Compromís, Luisa Monllor, y también el cabeza de lista de Alternativa Base Castalla, Juan Antonio Rico, aunque a este último sólo se le requieren 1.200 euros. También aparecen los ediles socialistas Francisco Tortosa y Magda Durá, Francisca Guill, de UCiD, y el propio Joan Antoni Cerdá.
