Un juez ha imputado al alcalde de Castalla, el popular Juan Antonio Candela, por haber adjudicado los servicios de jardinería del municipio a la oferta más cara. Junto a él han sido imputados también el concejal de Urbanismo, Juan Antonio Rico Mira, del partido independiente UDIC y uno de los principales apoyos del primer edil; y un ingeniero municipal. Los tres han sido citados a finales del próximo junio.
La denuncia por presunta prevaricación ha sido presentada por un empresario que tuvo que acudir a un tribunal especial dependiente del Ministerio de Hacienda para pedir la anulación del concurso. A la convocatoria acudieron once empresas, entre las cuales la mercantil Geamur obtuvo la puntuación más alta al haber presentado un presupuesto de 127.000 euros para el mantenimiento de los parques y jardines del municipio. Sin embargo, la contrata se resolvió a favor de Hernández Jardineros, una empresa local, que había presentado la oferta más cara. El vuelco del concurso lo provocó un informe técnico que tachaba de «inviables» todos los presupuestos inferiores a los 141.000 euros, hecho que dejaba fuera a nueve de las aspirantes. El contrato se adjudicó con el voto en contra del secretario y de la interventora municipal y salió adelante en la mesa de contratación con el voto de calidad del alcalde. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales anuló el concurso y obligó a indemnizar a la empresa que debía haber ganado la convocatoria. Sin embargo, el alcalde se negó a cumplir la resolución, motivo por el que el empresario presentó una querella en el juzgado que ha sido admitida a trámite.
Según la querella presentada ante un juzgado de Ibi por el abogado José Alberto Ferrer, «no estamos ante un acto político o de gobierno sino ante unos hechos que han llevado a tomar una decisión arbitraria e injusta, tomada conscientemente a sabiendas de su arbitrariedad».
