El candidato de IU-Unidad Popular, Alberto Garzón, ha presentado este jueves las medidas en materia de vivienda que presentará a las próximas elecciones generales y que incluyen la paralización de los desahucios para personas en riesgo de exclusión social, la dación en pago retroactiva o la expropiación temporal de viviendas vacías a los bancos.

Frente a la sede de la Sareb, el llamado 'banco malo', Garzón ha defendido la idea de recuperar la vivienda como "un derecho", tal y como contempla la Constitución, y "abandonar la visión mercantilizadora" que hay de ella. "Que pueda volver a ser un derecho exigible por la ciudadanía", ha reivindicado.

Para ello, IU propone una ley de la función social de la vivienda basada fundamentalmente en la 'ley antidesahucios' que la organización puso en marcha durante la pasada legislatura en Andalucía, cuando formaba parte del Gobierno del PSOE. Esa ley fue recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy al Tribunal Constitucional, que 'tumbó' muchos de sus artículos. Sin embargo, IU recuerda que el argumento era que la Junta de Andalucía no tenía competencias para adoptar esas medidas, algo que sí se podría hacer desde el Gobierno central.

Una de las medidas 'estrella' de esta ley era la expropiación temporal del uso de viviendas a las entidades financieras que desahucien a personas en riesgo de exclusión social, una medida que Garzón ve "básica" en un momento en el que en España hay 770.000 familias que no tienen ningún tipo de ingresos, según los últimos datos de la EPA y el INE.

Además, el programa de IU contempla sanciones a los bancos por tener viviendas vacías y eliminar las cláusulas suelo de todas las hipotecas, tanto las que se firmen a partir de las elecciones como de las suscritas durante el periodo de la burbuja inmobiliaria.

También en este sentido, Garzón ha defendido la dación en pago de forma retroactiva y condonación de la deuda hipotecaria para que se puedan beneficiar de ella no sólo las familias que estén ahora en riesgo de desahucio sino también las que ya lo hayan sufrido durante los últimos años. Con ello, también se suprimirían los avales suscritos para la firma de esas hipotecas, con el objetivo de que las familias de los damnificados no tengan que hacerse cargo del pago.

Facilitar un alquiler a los desahuciados

Pero además, quiere que los bancos faciliten una vivienda a los desahuciados: "Las entidades bancarias deben garantizar un alquiler social a las personas deudoras de buena fe y sus unidades familiares, que habiendo cedido su vivienda única y habitual en dación en pago no dispongan de alternativa habitacional", reza una de las propuestas, a la que sigue la idea de impulsar una moratoria en el pago de las hipotecas a las personas desempleadas.

Para hacer frente a este problema, IU también aboga por la creación de un stock de viviendas públicas que se pongan en alquiler por un precio que no supere el 20 por ciento de los ingresos del inquilino. A juicio de Garzón, esto sería posible sólo teniendo en cuenta el número de inmuebles con los que cuenta la Sareb.

"Hay más de tres millones de viviendas vacías en España y queremos que no se sigan produciendo desahucios ni privaciones en el acceso a la vivienda", ha insistido el candidato de IU-Unidad Popular, que cree que son medidas "perfectamente posibles" y "resitúan el derecho a la vivienda como un derecho fundamental para un nuevo país".

Proteger al inquilino

IU contempla una decidida acción pública que incluye la obligatoriedad de las administraciones estatal y las autonómicas de adquirir anualmente un paquete de viviendas construidas y terminadas "proporcionales a la demanda de viviendas a precio de coste".

Y además quiere proteger a quienes a su juicio son más vulnerables en un contrato de alquiler, los inquilinos. Para ello propone introducir mecanismos de seguridad en la tenencia, estabilidad de la renta y prolongación del plazo mínimo de duración del alquiler hasta, como mínimo, los cinco años. En el caso de los colectivos especialmente vulnerables, este periodo será prorrogado de forma automática si lo piden en el caso de que la vivienda pertenezca a un banco o un gran propietario de inmuebles.