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epresentantes de 60 familias de Sax y Salinas con alguno de sus miembros en situación de dependencia mantuvieron ayer en el centro social "José Encina Alfonso" de la localidad sajeña la primera de una serie de reuniones destinadas a diseñar un plan de acción para exigir al Consell la correcta aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, conocida como Ley de Dependencia. Entre Sax y la vecina población de Salinas, de las 200 familias que han solicitado la valoración del caso, solo se ha resuelto 10, un 5% del total desde la entrada en vigor de la ley el 1 de enero de 2007.

Ante esta situación, las familias con personas dependientes de Sax han decidido coger la sartén por el mango y organizarse para exigir al Consell que agilice las tramitaciones, ya que desde el pasado año han visto como como la burocracia hace casi interminable el proceso de valoraciones y resoluciones. Esta plataforma pretende elevar su protesta hasta el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, además de preparar un plan de acción para que su protesta se eleve a los medios de comunicación de todo el país. Pretenden, además, crear un portal en internet donde se compare la aplicación de la ley en el resto de comunidades autónomas del país para dar a conocer la situación en la que se encuentra la Comunidad Valenciana.

Otra de las medidas acordadas en esta primera reunión de la plataforma fue la de invitar a los familiares de personas dependientes de toda la comarca a unirse a sus reivindicaciones para obtener más fuerza de cara al Consell. Según comentó Paqui Agulló, portavoz de la plataforma al término de la reunión, "queremos que la gente de otras poblaciones que estén en la misma situación se una a nosotros para que la voz sea más fuerte". A la reunión asistió, invitado por la plataforma, el concejal de Bienestar Social de la localidad, el socialista Manuel Gómez Cano, al que se trasladó la petición por parte de los familiares, de trabajar conjuntamente desde su puesto en el Ayuntamiento para conseguir su objetivo: que el dinero transferido del Gobierno central al gobierno de Francisco Camps para aplicar la ley sea utilizado para tal fin. Según Paqui, "esta ley ha sido promovida por el gobierno sin que se haya pedido por parte de los ciudadanos, pero fue aprobada por todas las fuerzas políticas y por tanto, se debe cumplir. Queremos expresar nuestro descontento, y pedir al señor Camps que explique donde ha ido a parar el dinero que el Gobierno central ha transferido a la Comunidad.