PÉREZ GIL
La sierra de La Zafra de Monóvar ha sido objeto de una agresión urbanística sin precedentes en la localidad que ha llevado al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil -Seprona- a detener al dueño de un chalé como presunto autor de un delito ecológico. Este enclave montañoso situado a cinco kilómetros del casco urbano de Monóvar goza, por su alto valor paisajístico, de una especial protección dentro del Plan General de Ordenación Urbana. En estos términos lo recoge el PGOU vigente desde el año 1985 y también lo va a contemplar el próximo Plan General aprobado por el Ayuntamiento y actualmente pendiente de ser ratificado por la Conselleria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Para construir la vivienda, un refugio con fosa séptica, acceso hormigonado en pendiente, barbacoa e incluso toma de luz, se ha realizado un desmonte en mitad de la sierra sin ningún tipo de permiso ni autorización municipal. Así lo ha denunciado el concejal de Medio Ambiente, Salvador Molina, que ayer volvió a visitar la zona para interesarse por el alcance de los destrozos. "Es increíble que este tipo de cosas puedan producirse hoy en día en terrenos forestales y desde luego el Ayuntamiento va a exigir al autor o autores de este atropello contra el medio ambiente que cumplan con la ley a rajatabla y restauren el daño causado", indicó el edil.
Al parecer los primeros movimientos de tierra se realizaron durante el verano. Sin embargo, al tratarse de una zona recóndita, de difícil acceso e infrecuente paso, las obras no fueron detectadas hasta semanas después. Las posteriores investigaciones del Seprona permitieron constatar que la edificación se encontraba dentro de una zona de especial protección. "Para ello se estudiaron al detalle los planos de la oficina técnica municipal y yo acompañé a los agentes de la Guardia Civil hasta el lugar exacto", añadió Molina.
Además de su importancia ecológica, La Zafra tiene una especial relevancia "social y afectiva" en Monóvar por sus valores etnológicos e históricos. Prueba de ello es que el equipo de gobierno del PP está realizando gestiones para convertir este espacio en paraje natural municipal, algo que ya hizo en la anterior legislatura con el Monte Coto. Por lo pronto el Ayuntamiento ya ha adquirido 1,5 millones de metros cuadrados en esta sierra y tiene intención de continuar con este proceso a través de las compensaciones a las que se obliga por ley a los promotores de planes parciales. Aunque buena parte de esta frondosa montaña es de propiedad privada, sus usos y explotación están controlados y limitados.
El detenido por este supuesto delito ecológico se halla en libertad y las diligencias se encuentran ya en el Palacio de Justicia de Novelda. Se le acusa de un delito sobre la ordenación del territorio que viene tipificado en el artículo 319 del Código Penal y que castiga con una pena de prisión de seis meses a tres años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a tres años a quienes lleven a cabo una construcción no autorizada en suelos de dominio público o que tengan legal o administrativamente reconocido su valor ecológico, artístico, histórico, cultural o paisajístico. Además, los jueces también podrán ordenar a cargo del autor del hecho la demolición de la obra.