El futuro que le aguarda al cuatripartito de Novelda es tan complejo como incierto dado que Los Verdes e Izquierda Unida -integrados en Compromís junto al Bloc- se han venido mostrando hasta la fecha contrarios al polígono, pero sobre todo al campo de golf de la Serreta por su impacto ambiental y por vulnerar los criterios de desarrollo sostenible que ellos defienden. También socialistas y nacionalistas se debaten en una difícil tesitura. En la anterior legislatura ambos partidos fueron muy críticos con sendas iniciativas privadas que el ex alcalde popular Rafael Sáez defendió a capa y espada aludiendo a los "beneficios industriales y turísticos que traerían riqueza y empleo a Novelda". Así las cosas, la estabilidad política del municipio puede estar en juego ya que los diez concejales del PP se encuentran en la oposición tras el pacto de gobierno alcanzado por los ocho representantes del PSOE y los tres de Compromís. Un sólo concejal marca por tanto la diferencia.

Durante los últimos seis meses el equipo de gobierno ha tenido que escuchar las críticas de la patronal del mármol y las especias por la acuciante falta de suelo industrial, una carencia que en el último año ha propiciado el éxodo de al menos cuatro industrias a municipios vecinos. No es lo único. Bloquear u oponerse a la ejecución de los dos planes parciales, algo que se podría hacer a través de un contencioso-administrativo, podría acarrear cuantiosas pérdidas económicas al Ayuntamiento. El PP llegó a advertir en un pleno celebrado en julio que la paralización del polígono supondría un gasto para las arcas municipales de 4 millones de euros. Así lo estimó Rafael Sáez, quien cifró en 1,2 millones las indemnizaciones que el Consistorio debería abonar al urbanizador sólo por la redacción de proyectos. Una cantidad a la que habría que sumar otros 3 millones por las compensaciones que la adjudicataria podría solicitar debido a la pérdida de los derechos del agua y de otros permisos. Y todo ello sin entrar a valorar el resarcimiento por el lucro cesante y sin tener en cuenta que el Ayuntamiento dejaría de percibir más de 2,5 millones de euros y el 10% del aprovechamiento urbanístico de ambos planes.