L a Subdelegación del Gobierno ha cumplido la promesa de agilizar los trámites burocráticos para que los productores, comercializadores y exportadores de uva de mesa del Vinalopó puedan contratar, con la mayor celeridad posible, a los inmigrantes que necesiten para sacar adelante la actual campaña. Las primeras solicitudes para obtener cinco permisos de trabajo se presentaron el martes y ayer, en un tiempo récord de tres días, se entregaron las resoluciones favorables, lo que supone reducir el procedimiento normal de contratación en más de dos meses. Así lo han reconocido los propios agricultores, algunos de los cuales se mostraron ayer «muy satisfechos» por el logro alcanzado.

No obstante, esta medida sólo se está aplicando a los ciudadanos búlgaros y rumanos ya que con los trabajadores no comunitarios - sudamericanos fundamentalmente - es imposible acortar los plazos actuales.

Por el momento se están tramitando un centenar de solicitudes que se irán aprobando de forma progresiva a lo largo de la próxima semana. El secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, José Pérez Grau, también se comprometió personalmente a reducir de un año a dos meses la duración mínima de las contrataciones para un sector sujeto a unas condiciones específicas y coyunturales. En estos términos lo aseguró Pérez Grau y la subdelegada Encarna Llinares en el encuentro que ambos mantuvieron el lunes con una amplia representación del sector de la uva de mesa, fuerzas sindicales y los alcaldes de Novelda, Monforte del Cid y La Romana, que son los principales municipios productores.

Inspectores Ayer también se supo que los inspectores de Trabajo ya no han vuelto a las viñas del Medio Vinalopó, donde hace diez días se presentaron por sorpresa denunciando a cinco empresas, entre ellas la Cooperativa del Campo Santa María Magdalena de Novelda, tras detectar a treinta jornaleros sin papeles en pleno proceso de recolección de la uva.

Según informó entonces el jefe provincial de la Inspección de Trabajo, estas visitas estaban planificadas desde hacía un año y respondían al hecho de que en las últimas campañas habían disminuido, «de forma más que apreciable», el número de expedientes de contratación de inmigrantes en el campo.