Aspe declara la guerra a la prostitución y pone en foco en los clientes, con sanciones que pueden llegar a los 3.000 euros. El Ayuntamiento de Aspe ha aprobado en el pleno ordinario de de abril la "Ordenanza abolicionista de la prostitución y la explotación sexual" en el municipio. Con los votos a favor de Izquierda Unida y el PSOE, y la abstención de PP, Vox y Cs, "Aspe se convierte así en uno de los ayuntamientos pioneros en la defensa de los derechos de las mujeres víctimas del sistema prostitucional desde una perspectiva de derechos humanos", según han destacado desde el equipo de gobierno. Elche cuenta desde el pasado año con una ordenanza con similares sanciones.
El documento va a someterse ahora a exposición pública durante 30 días para después, tras resolver alegaciones, aprobarse de forma definitiva por parte del pleno. Entonces se remitirá al Gobierno central y la Generalitat, y si en 15 días no han respondido, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia para su entrada en vigor al día siguiente.
La finalidad de la ordenanza es promover, dentro del ámbito de las competencias municipales, "la erradicación de la prostitución y otras formas de explotación sexual en el municipio de Aspe, penalizando a los hombres que consumen prostitución y protegiendo los derechos de las víctimas de esta violencia de género".
Con esta ordenanza, que aún no está en vigor, Aspe sanciona la demanda como causa principal de la existencia de la prostitución con multas entre 500 y 3.000 euros y considera a las personas prostituidas como víctimas que merecen ser protegidas y ver restituidos sus derechos. Desde el "convencimiento de que la prostitución no es compatible con la dignidad humana y es una forma de esclavitud que se nutre de la precariedad de las mujeres y las niñas y niños", el Ayuntamiento de Aspe articula "sanciones, únicamente, para las personas que prostituyen (proxenetas y consumidores) y plantea un plan de trabajo integral que proteja a la mujer o menor prostituido".
Las sanciones recaudadas por el Ayuntamiento financiarán de manera directa el Plan Integral para personas en situación de prostitución, contemplando servicios de atención jurídica, psicológica y social para las víctimas.
“Desde el Ayuntamiento de Aspe, debemos trabajar por los derechos de la ciudadanía. La prostitución es un problema poco visible en Aspe, aunque sí existen casos por eso es importante que legislemos y continuemos siendo un municipio pionero en la lucha por la igualdad” ha declarado Yolanda Moreno, concejala de Igualdad.
Plan integral para mujeres en situación de prostitución
El Ayuntamiento de Aspe aprobará más adelante un plan municipal de acción integral para mujeres en situación de prostitución. Este plan comprenderá y coordinará todas las medidas y actuaciones destinadas a las mujeres en situación de prostitución y víctimas de explotación sexual que se encuentren en el término municipal, con la finalidad de que puedan integrarse social, económica y laboralmente en la sociedad.
Entre otros aspectos, el plan pondrá en marcha recursos para la atención de las mujeres prostituidas en coordinación con los recursos especializados de la Generalitat y otras Administraciones Públicas que intervienen con mujeres víctimas de prostitución y explotación sexual. En concreto, se proporcionará atención social: acogida, información y derivación a servicios sociales especializados; atención psicológica individual y grupal; atención sanitaria y psiquiátrica: asesoramiento sobre salud, hábitos saludables, tratamientos y/o acompañamiento sanitario; asistencia jurídica: asesoramiento legal, tramitaciones administrativas, acompañamiento y asistencia jurídica gratuita desde el momento previo a interponer denuncia; formación básica y profesional; orientación laboral y apoyo a la búsqueda de empleo y recursos residenciales o soluciones habitacionales, si fuesen necesarios.
Además, el Plan diseñará, promoverá y realizará campañas de sensibilización destinadas, por un lado, a las mujeres en situación de prostitución y víctimas de explotación sexual y, por otro lado, a la ciudadanía en general.
Fundamentación legal
"La prostitución constituye una de las formas de violencia de género más extremas y es la principal causa de la existencia de la trata de personas con fines de explotación sexual. Constituye también una escuela de desigualdad para la población, ya que es una práctica sexista y gravemente discriminatoria para las mujeres. La postura abolicionista, que es la que se sostiene en esta ordenanza, argumenta que la prostitución no es compatible con la dignidad humana y es una forma de esclavitud que se nutre de la precariedad de las mujeres y las niñas y niños", ha destacado el Ayuntamiento.
Según el Consistorio, a nivel legal la ordenanza se fundamenta en disposiciones reguladas en el derecho internacional, estatal y autonómico. En el ámbito internacional, se sustenta en los compromisos asumidos por el Estado español como consecuencia de la ratificación del Convenio para la represión de la trata de personas con fines de explotación sexual de 2 de diciembre de 1949 (Convenio de Lake Success); y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 15 de noviembre de 2000, y Protocolos que la desarrollan, especialmente el Protocolo de Palermo, todos ellos de aplicación directa en España.
A su vez, también son de aplicación directa el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la Trata de Seres Humanos de 16 de mayo de 2005 (Convenio de Varsovia) y sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica de 11 de mayo de 2011 (Convenio de Estambul).
En el ámbito estatal la ordenanza se sustenta en la propia Constitución Española, en los términos que se han desarrollado por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; en el Estatuto de la víctima del delito (Ley 4/2015, de 27 de abril); y en el Reglamento que lo desarrolla (Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre).
En la Comunidad Valenciana es de aplicación lo establecido en la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
