Un juzgado de Novelda ha imputado a la exalcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera, y al exsecretario municipal, Santiago de Munck, tras la querella presentada por el actual equipo de gobierno y en la que se denuncian más de doce años de ilegalidades, durante los que llegaron a «ejercer un poder absoluto» dentro del Ayuntamiento. La querella, presentada por el abogado Alejandro Bas, del bufete Ruiz Marco, alude a presuntos delitos de falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, malversación de caudales públicos, prevaricación cohecho, fraude y usurpación de funciones. Ambos han sido llamados a declarar por un juzgado el próximo 25 de mayo.

La querella se basa en un informe jurídico en el que se alude a presuntas irregularidades cometidas por el que fuera secretario de la corporación y para las que estuvo amparado por la exalcaldesa. El Ayuntamiento está en la actualidad gobernado por IU y PSOE, quienes tomaron la decisión de presentar la querella y despedir a De Munck.

Antes de llegar a Monforte, Santiago de Munck estuvo en el municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid, donde ostentó el cargo de presidente del PP desde 1989 a 2003 y fue portavoz y concejal del grupo popular durante doce años a partir de 1991. Según la querella, el 1 de julio de 2003 llegó a ser nombrado secretario interino de Monforte del Cid e interventor de facto de la Corporación, cargo que habría estado compatibilizando durante meses con su acta de concejal en Madrid.

La querella relata que De Munck estuvo ocupando ilegalmente el puesto de secretario de manera intermitente hasta mayo de 2015. «Hasta abril de 2011, en que se cubrió la plaza del secretario, De Munck ocupó el puesto de secretario interino y desde esa fecha como secretario accidental (la mayoría de las veces sin nombramiento alguno)», dice la denuncia a la que ha tenido acceso este diario.

Prevaricación

Según la querella, existió un plan determinado por parte del exsecretario y la exalcaldesa investigados para hacer que el primero se hiciera con el puesto y para lo que «fue necesaria la comisión de múltiples delitos contra la administración pública y de falsedad». A juicio de los denunciantes, el delito de falsedad se habría cometido en todas y cada una de las resoluciones dictadas por la exalcaldesa para nombrar a De Munck secretario interino, afirmando que se había celebrado un proceso selectivo previo. La querella señala que las resoluciones se dictaban de común acuerdo entre los dos de «manera arbitraria» y prescindiendo de todo procedimiento legal.

De esta manera, Santiago de Munck habría estado ejerciendo de manera permanente actos propios de un funcionario público; en unos casos a través de resoluciones falsas y en otros sin nombramiento, según el relato de la denuncia que ahora investiga el juzgado.

Asimismo, los querellantes mantienen que el exsecretario ha causado un perjuicio a las arcas municipales al autoasignarse «unas altísimas retribuciones». La querella cifra en 971.184 euros el dinero que De Munck obtuvo de las arcas municipales desde 2003 hasta 2017, cifra a la que se añaden unos complementos salariales que para cualquier funcionario de carrera hubieran estado vedados y que eran incompatibles con el puesto que desempeñaba, a juicio de los querellantes.

La denuncia expone también que De Munck se habría intentado crear una plaza a medida consciente de que no podría seguir ocupando demasiado tiempo la plaza de secretario de manera interina, como gerente de Servicios Municipales. Para ello, previamente habría amañado un proceso para hacerse con un puesto de técnico de la Administración General.

Contratos bajo sospecha

La querella relata también que desde su plaza habría autorizado modificados o reformados en proyectos de obras infringiendo la Ley de Contratos del Estado en cuantías millonarias. Estas modificaciones en proyectos que se adjudicaban mediante el procedimiento negociado y sin publicidad llegaban a ser hasta de un 87,77% en un contrato que salió por 925.000 euros y, tras dos modificados pasó a costar 1.736.896 euros. Muchos de esos contratos fueron adjudicados además por la misma empresa. La querella sostiene que, a día de hoy, el Ayuntamiento de Monforte del Cid sigue pagando todavía las deudas generadas por esos contratos cuestionados por el actual gobierno.