La empresa Limpiezas Urbanas Mediterráneo de Elda ha querido realizar varias puntualizaciones respecto a la condena -1.080 euros de multa e inhabilitación de un año- que se ha impuesto a un técnico interino que trabajó en la Conselleria de Medio Ambiente entre 2006 y 2009. La Audiencia de Valencia, tal y como este diario publicó la semana pasada, lo ha considerado culpable de un delito de negociación prohibida a funcionario público al haber cobrado 131.000 euros por tramitar un proyecto para el vertedero Las Cañadas de Elda. Pero la querella la interpuso Limpiezas Urbanas Mediterráneo y lo que se contrató, y ha sido objeto de condena, no fue una licencia sino un proyecto.
La empresa emprendió acciones legales tan pronto como averiguó que el ingeniero contratado para el proyecto había subcontratado por una empresa del funcionario que lo recomendó.
«Todas las licencias del Centro Integral de Residuos de Las Cañadas han sido obtenidas por resolución judicial por cumplir escrupulosamente la legislación», afirma el responsable de la mercantil, Vicente Marco.
«Tras haber obtenido, al cumplir con toda la legislación vigente, las licencias de obra y actividad de vertedero de RSU y Centro Integral de Residuos con planta de tratamiento de RSU por sentencia del TSJ de 2006 solicitamos, en diciembre del mismo año, la Autorización Ambiental Integrada. Presentamos -recuerda Marco- todos los proyectos pertinentes y en 2007 el entonces director general de Calidad Ambiental nos pidió una reunión en València y fue entonces cuando nos dijo que pasáramos por la mesa del funcionario que ha sido ahora condenado». Y añade el gerente de Limpiezas Urbanas: «Gracias a nuestra denuncia, tras once años de litigio, hemos conseguido que se le condene en los tribunales porque mi empresa siempre ha conseguido todas las licencias cumpliendo íntegramente la legalidad; habiéndose obtenido todas, incluida la de primera ocupación de la planta, por resolución judicial y tras haber efectuado la pertinente y legal tramitación», subraya.
