El Consejo de Dirección de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) presidido por la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha aprobado esta semana iniciar los procedimientos para poner en marcha las obras de ocho edificios de viviendas protegidas de la Generalitat. Actuaciones que fueron paralizadas y abandonadas por el anterior Gobierno autonómico del PP. La previsión es poder iniciar las obras en 2018 después de realizar todos los trámites necesarios.
En la provincia de Alicante la única localidad que se beneficiará de esta medida es Aspe. Concretamente se retomará la construcción de las 42 viviendas protegidas que se paralizaron en 2009, y que se destinarán en alquiler a colectivos de jóvenes o mayores.
Precisamente el mes pasado este diario publicó que la llamada Unidad de Ejecución 3 Barranco de Aspe seguía parada, y a medio construir, desde que la primera empresa que se hizo cargo de la edificación quebró en 2009. En los años posteriores hubo un segundo intento con otra mercantil que tampoco pudo terminar el proyecto. Y desde entonces el bloque de pisos situado en la calle Manuel de Falla, cerca del pabellón deportivo y en el que el Consell llegó a invertir 3,4 millones de euros, se ha convertido en un punto de encuentro de indigentes y pandillas juveniles, donde se suceden los actos vandálicos en un entorno insalubre.
Frente a esta situación el diputado autonómico David Cerdán urgió al Gobierno central a dar luz verde al Plan Estatal de la Vivienda 2018-2021. «El Gobierno valenciano ya ha hecho sus deberes y ahora le toca al Gobierno de Rajoy aprobar el Plan de Vivienda para poder acabar este edificio», señaló en octubre el socialista David Cerdán.
