El Sindicato de Policias y Bomberos (SPPLB) ha interpuesto una demanda judicial admitida a trámite por el juzgado contra el acuerdo del equipo de gobierno, PSOE-Compromís, por el que se aprobó el proceso selectivo para cubrir una plaza en propiedad del intendente general de la Policía Local.
Desde su punto de vista manifiestan que «no hace falta cubrir la plaza porque existen suficientes mandos en la escala superior y técnica para dirigir con eficacia la Jefatura». Advierten que de esta manera se ahorrarían el dinero de proceso de selección. Cantidad que se podría utilizar para otros fines «más demandados por el colectivo policial», aseguran.
El sindicato ha llevado a los tribunales el acuerdo municipal porque considera que «la oferta de empleo público por la que se desarrolla el proceso de selección está caducada, al haber transcurrido más de tres años desde su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en la normativa básica de función pública del Estado». Además consideran que incumple la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
La plaza de jefe de la Policía Local es una de las disputas que mantiene enfrentados a este sindicato policial con el equipo de gobierno y a otra de las organizaciones sindicales de este departamento municipal. De hecho ya llevaron a los tribunales la designación del actual intendente, Francisco Cazorla, al juzgado. Alertan de que el gobierno municipal, en este tema, se mueve por «intereses claros de afinidad».
A este respecto, desde esta organización se critica« la falta de coherencia del equipo de gobierno que procedió a cubrir por el sistema de promoción interna el puesto provisional de intendente general». Al mismo tiempo recuerdan que esta decisión fue anulada por el juzgado de Primera Instancia al ser contraria a Derecho. El SPPBL pidió al alcalde, Rubén Alfaro, la destitución de Cazorla, petición que no se hizo efectiva al haberse iniciado el proceso para cubrir la plaza.
