El Plan de Reforma Interior (PRI) de la Jaud Jaud recibe 23 alegaciones durante el proceso de exposición pública. La mayoría de los alegatos se refieren a causas particulares que intentan salvar vallas o medianeras de sus propiedades, que el nuevo ordenamiento no contempla. Algunas otras se refieren a cuestiones jurídicas. Más de 38 se presentaron al ordenamiento que, en 2015, planteó el gobierno liderado por la popular Adela Pedrosa.
La planificación urbanística, que ha pasado por el examen de los afectados diseña un nuevo ordenamiento que intenta legalizar la situación de más de 100 viviendas y paralizar la orden de demolición dictada por el Tribunal Superior de Justicia. La concejala de Urbanismo, Pilar Calpena, indica que «ya hemos trasladado las alegaciones al equipo redactor del PRI y el departamento municipal está trabajando en dar respuesta a estas consideraciones para que, en breve, se ofrezca una solución definitiva a esta zona».
El Plan de Reforma Interior de esta zona de entrada a la ciudad o como coloquialmente se conoce en Elda: el PRI de La Jaud, es un problema endémico e histórico de Elda, que se ha ido agravando desde 1995 cuando se otorgaron las primeras licencias de obras y la reparcelación de zona. Fue entonces cuando se aprobó el primer Plan Especial de Rehabilitación Interior (PERI)-Puente Nuevo. El trámite enfrentó a los vecinos y estos, a su vez, con el Ayuntamiento. En el proceso entraron en liza los tribunales y uno tras otro fueron descartando las posibles soluciones que se han dado a este problema urbanístico. Ninguna de ellas, hasta el momento, ha gozado del beneplácito de todas las partes. Tanto el TSJ como el Supremo las descartaron.
Ésta es la cuarta ocasión en la que se presenta un plan de reforma interior para regularizar un situación, que atañe a más de cien familias. La novedad con respecto a las anteriores es que, antes de iniciar la redacción del plan se creó una mesa de participación de las partes y se pidió tiempo al Tribunal Superior de Justicia para establecer una solución de consenso y ajustada a la legislación.
