? Con el problema de Villena por solucionar, desde la plataforma Calcsicova y de Afectados de Hepatitis C recordaron que nada de esto hubiera pasado si el Gobierno hubiera dado cumplimiento en tiempo y forma a la ley de 2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud que prevé la transferencia de las competencias de sanidad penitenciaria a las comunidades. Después de 14 años, solo País Vasco y Cataluña las tienen transferidas.
A principios de año, el subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, José Manuel Arroyó, se comprometió a completar el trámite «en esta legislatura». Los juzgados tendrán que dirimir mientras quien debe pagar la factura de los tratamientos de hepatitis C en la población reclusa, colectivo con una tasa de infección de entre el 16 y el 20 %.
