La solución de las viviendas de La Jaud está cada vez más cerca. La concejala de Urbanismo, Pilar Calpena, espera que con los votos de los concejales de la corporación municipal se dé luz verde a la exposición pública del nuevo ordenamiento de esta zona periférica de la ciudad. Y que, de forma definitiva, se levante la espada de Damocles que pesa sobre las edificaciones allí instaladas, que corren el peligro de ser demolidas si se aplica la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia.
Tras la aprobación plenaria y la publicación en el BOE, los afectados tendrán 45 días hábiles para alegar. Se espera que todo el proceso se dilate hasta entrado el mes de octubre.
El nuevo ordenamiento se presenta tras numerosas reuniones y negociaciones entre los propietarios y el Ayuntamiento. El consenso final, que parecía no llegar, es lo que refleja la nueva documentación. Calpena señaló que «este trámite es la antesala a una solución definitiva» de un problema que afecta a 120 propietarios.
El Plan de Reforma Interior de esta zona de entrada a la ciudad o como coloquialmente se conoce en Elda: el PRI de La Jaud, es un problema endémico e histórico de Elda, que se ha ido agravando desde 1995 cuando se otorgaron las primeras licencias de obras y la reparcelación de zona. Un trámite que enfrentó a los vecinos y estos, a su vez, con el Ayuntamiento. En el proceso entraron en liza los tribunales y uno tras otro fueron descartando las posibles soluciones que se han dado a este problema urbanístico. Ninguna de ellas, hasta el momento, ha gozado del beneplácito de todas las partes. Y así tanto el TSJ como el Supremo las descartaron.
La que presentará en el pleno del próximo jueves la edil de Urbanismo es la propuesta de consenso entre todas las partes. En este sentido, Calpena destacó «la actitud de diálogo por todas las partes», así como «la moderada satisfacción del equipo de gobierno» por el inicio de este primer paso a través del que se ve el final de un largo y oscuro túnel.
Mientras tanto el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no ha ejecutado la sentencia. Se está a la espera que las partes, incluidos los demandantes, lleguen a un acuerdo y poder salvar una solución que perjudicaría gravemente a un centenar de vecinos.
