Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Monforte del Cid han recurrido esta semana ante el TSJ la sentencia que le obliga a pagar a la mercantil Intersa Levante siete millones de euros más intereses y costas. Todo ello proviene de la gestión que se hizo por parte del anterior gobierno local del PP de la urbanización del polígono Walaig y de su enfrentamiento con SEPES, la Entidad Pública de Suelo, que llevó a adjudicar a la empresa demandante el desarrollo de esta extensa área indutrial situada junto a la autovía A-31.
Tras tres sentencias en contra anulando la adjudicación y el plan parcial, Intersa perdió la condición de urbanizador, por lo que decidió demandar al Ayuntamiento en 2012 ante unas supuestas pérdidas que les había ocasionado la ejecución de las obras y su suspensión como urbanizador.
Una sólida defensa
A finales de 2016 se dictó sentencia a favor de la mercantil, aunque los servicios jurídicos del Ayuntamiento, coordinados por el secretario de la Corporación con coperación externa, han armado una sólida defensa de los intereses monfortinos basándose en algunos «principios evidentes».
Postulan, entre otros argumentos, que es incierto que Intersa, actualmente en situación concursal y en fase de liquidación, no haya cobrado todas las cargas de urbanización como ha indicado.
El tripartito de Monforte -EU, PSOE y C's- cree en las posibilidades de ganar el recurso, total o parcialmente, ante las «incongruencias e irregularidades» que, según mantiene, se han cometido durante el proceso judicial y administrativo. «No se puede hacer responsable a Monforte de las irresponsabilidades del anterior gobierno municipal», ha indicado la alcaldesa María Dolores Berenguer, que también ha querido agradecer públicamente la colaboración del portavoz adjunto del grupo municipal del PP, que también se ha desplazado a Madrid para reunirse, junto a la alcaldesa y los ediles del gobierno monfortino, con la cúpula del SEPES.
