El Ayuntamiento de Elda tiene 76 plazas sin cubrir. Plazas que están pendientes de que se invierta la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada en 2012 por el Gobierno de España con el fin de que el Consistorio pueda iniciar tramites para la contratación de trabajadores que refuercen la plantilla y así mejorar los múltiples servicios municipales.
La plantilla actual del Ayuntamiento es de 380 personas, sin contar los organismos autónomos: IDELSA, EURLE e IMSSE. De la totalidad hay 76 vacantes de las que 52 están ocupadas por interinos y 24 totalmente desocupadas. Además, fuentes municipales indican que «se han destruido o amortizado muchas plazas durante el gobierno de la popular Adela Pedrosa».
Para combatir esta situación que estrangula no sólo al Ayuntamiento de Elda sino que es un problema que se replica en otras ciudades, el alcade de Elda, Rubén Alfaro; el de Petrer, Alfonso Lacasa, y el de La Romana, Nelson Romero, se posicionaron ayer junto a concejales, portavoces socialistas de Novelda y Monóvar y los dos diputados provinciales, José Antonio Amat y David Portillo respecto a esta situación.
Así, los alcaldes y portavoces de la comarca del Medio Vinalopó expresaron su apoyo a la iniciativa impulsada por el grupo parlamentario socialista en las Cortes Generales en la que se pide la derogación de la actual Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) y que, en su lugar, se apruebe otra que refuerce la autonomía local, que garantice un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas de los entes locales, y que se impulse una nueva ley de haciendas locales.
El presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, indicó que «la actual ley priva a las entidades locales de competencias en materia de prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social, así como en otras competencias: sanidad, consumo, políticas de empleo, etc. que son vitales para los ciudadanos».
En este mismo sentido, Lacasa abogó por una legislación que le dé la mayoría de edad a los ayuntamientos y que no siga ahogando a las administraciones locales.
La actual legislación nacional impide la disposición por parte de las corporaciones locales de los superávit generados por los esfuerzos de los vecinos. Según los socialistas, coarta la autonomía local en la política presupuestaria y en la garantía de los servicios públicos porque impone unas reglas en el techo de gasto que actúan como una espiral invertida en las capacidades de los ayuntamientos.
