Diez portavoces populares, entre ellos Pascual Díaz de Petrer, Francisco Muñoz de Elda, Sergio Puerto de Aspe y Rafael Sáez de Novelda y tres alcaldes, junto a la senadora Adela Pedrosa y a la diputada autonómica Reme Yañez, presentaron una alegación a la totalidad del decreto lingüístico del Consell al que consideran «una imposición del valenciano a toda la comunidad educativa».
