El Ayuntamiento de Pinoso ha destinado 460.000 euros del remanente municipal para reducir parte del préstamo bancario contraído al objeto de hacer frente a la indemnización judicial en favor de la cooperativa Frutos Secos del Mañán. Aprovechando la existencia del remanente de Tesorería del Consistorio pinosero, el equipo de gobierno del PSOE aprobó en el pleno de septiembre destinar casi medio millón de euros a la reducción del crédito solicitado para hacer frente a la deuda con la cooperativa agrícola.

Cabe recordar que el préstamo fue solicitado en febrero pasado, por un plazo de 10 años, de los cuales los dos primeros están carentes de amortización de cuota. Sin embargo el Ayuntamiento ha amortizado ya, de forma anticipada y voluntaria, 753.311 euros. Este segundo adelanto supondrá además un ahorro de 54.000 euros en los intereses a pagar.

El concejal de Hacienda, el socialista Francisco José López, ha señalado al respecto que «seguimos en la línea de estudiar el mejor uso para el remanente de Tesorería en nuestro compromiso de prestar la mayor cuantía y calidad en los servicios que se prestan a la ciudadanía, reduciendo al mismo tiempo la deuda bancaria con el fin de tener un Ayuntamiento económicamente sostenible».

El préstamo contraído para hacer frente a la deuda con la firma Frutos Secos del Mañán, que en estos momentos asciende a 2.379.435 euros, vencerá a finales de 2025 y todavía cabe la posibilidad de que, durante el año 2017 y sucesivos, el Consistorio pueda amortizar más deuda. La razón se debe a que hasta diciembre de 2017 no comenzará a contar el plazo de amortización de la cuota que se firmó en febrero de 2016.

Cabe recordar que el pago fue ordenado por el TSJ, tras un largo y complejo periplo judicial entre las dos partes, como indemnización en favor de la cooperativa. Y ello por haberle obligado el Ayuntamiento a cerrar su planta de cogeneración eléctrica. Medida que se adoptó después de haberle autorizado a construirla. Fue en octubre de 2002 cuando se decidió cerrar la planta en virtud de un decreto firmado por Ramón Cerdá, entonces alcalde de UCL.