La expropiación de la antigua nave industrial situada junto a la Ciudad Deportiva de Sax ha provocado el primer gran enfrentamiento político entre los exsocios del tripartito: el concejal de EU, Antonio Rico, y el equipo de gobierno que tras la expulsión de este último forman PSOE y Podemos.
El motivo de la controversia suscitada en el pleno de anoche ha sido el error administrativo, cometido por el Ayuntamiento en este procedimiento de expropiación iniciado en 2006, para que la fábrica de Unisax pase a ser propiedad municipal. Un asunto que ha llevado a Antonio Rico a pedir responsabilidades políticas tras asegurar que las pérdidas que el Consistorio sajeño tendrá que soportar por este «despropósito» oscilarán entre los 300.000 y 800.000 euros. Es la cantidad que el edil de EU fija como sobrecoste teniendo en cuenta que en octubre de 2015 el arquitecto municipal, a solicitud del alcalde José María Espí, realizó un informe estimando que el precio a pagar por la expropiación era de 279.059 euros. Un mes antes el Jurado Provincial de Expropiación había acordado como justiprecio la cantidad de 639.807 euros tras haber reclamado el propietario del inmueble 1.100.716 euros. A partir de ese momento el Ayuntamiento tenía dos meses para recurrir ante el TSJ. Pero no lo hizo porque se pasó el plazo para contratar un abogado que representara los intereses del municipio. Por contra, el dueño de la nave sí que recurrió solicitando el pago de 1.100.716 euros por la expropiación.
El concejal de EU preguntó anoche sobre este asunto a la concejala de Urbanismo, la socialista Irene Jiménez, que negó que el Ayuntamiento vaya a tener que pagar un sobrecoste de entre 300.000 y 800.000 euros. La edil admite que se produjo un fallo administrativo al no contratar a tiempo un abogado, pero asegura que el error no afectará al resultado del litigio. Según mantiene, es el TSJ el que deberá fijar el precio final de la expropiación sin tener como punto de partida el justiprecio acordado por el Jurado de Expropiación.
