La asamblea de UPyD de Novelda ha ratificado, por unanimidad, la postura de sus seis concejales en el Ayuntamiento de continuar adelante con la moción de censura que junto al PP registraron hace diez días para desalojar de la alcaldía al socialista, Fran Martínez. Desde la formación magenta se insiste en que la decisión se debe a «un reiterado incumplimiento» por parte del PSOE de la alianza sellada tras las elecciones municipales de 2015.

La puerta abierta que, hasta ayer, había dejado el líder de UPyD en Novelda, Armando Esteve, para negociar con el PSOE se cerró de un portazo al votar los afiliados a favor de continuar el proceso. En la reunión que se celebró ayer noche estuvo presente la coordinadora territorial de UPyD, Manoli Nicolás.

Así, el próximo lunes, a las doce del mediodía, se celebrará el pleno extraordinario en el que Fran Martínez dejará de ser alcalde de Novelda y tendrá que pasarle la vara de mando a Esteve, que hasta el momento es su socio de gobierno. El socialista, durante el proceso, no les ha retirado a estos ediles sus delegaciones.

El portavoz de la formación magenta en Novelda desmintió, en la reunión, que esta moción se presente por una «cuestión personalista o de sillones» y recordó que los 3.091 votos que su formación obtuvo en las elecciones municipales de 2015 daban a su formación acceso directo a la alcaldía. Además subrayó que «casi el 25 por ciento de los ciudadanos nos votó para que tomásemos una serie de medidas que tenemos la obligación de poner en marcha y que el Partido Socialista ha frenado constantemente, de ahí que nos hayamos visto obligados a presentar esta moción».

Según Esteve, «la presentamos sin pensar en el futuro del partido, sino en mejorar el día a día de la gestión municipal, aun quemándonos en el intento».

Por su parte, la número dos de UPyD, Caridad Crespo, denunció el incumplimiento del acuerdo alcanzado por los socialistas en diferentes aspectos como la negativa del alcalde a firmar documentos importantes para la gestión municipal, como es el caso del Plan de Disposición de Fondos, que establece la preferencia de pago a proveedores, la inaccesibilidad de los concejales de Unión, Progreso y Democracia a la agenda de alcaldía o la negativa de éste a ceder a su formación la presidencia de comisiones o mesas de trabajo.

En este sentido, para la concejala Pilar García la «auténtica legitimidad de esta moción de censura» va más allá de su legalidad, «nos la ha dado el pueblo con sus votos». Por otra parte, el también edil Francisco Javier Cantos reconoció que «ha sido una decisión difícil de tomar» y aseguró que son «conscientes del desgaste que representa para nosotros".

Por otra parte, el portavoz de Unión Progreso y Democracia es consciente de sus primeras laborales al frente de la alcaldía y destacó que «es tiempo de dos cosas: reorganizar la estructura del personal en el Ayuntamiento y optimizar la gestión económica para poder prestar mejores servicios a los ciudadanos».