El alcalde de Hondón de los Frailes, Eleuterio Jover, ha sido absuelto de la construcción de más de 500 viviendas ilegales en el término municipal entre los años 1997 y 2002, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Las citadas construcciones se levantaron con el amparo de licencias de albergues rurales. La juez no considera probado que ni Jover, ni quien fue concejal de Urbanismo de 2003 a 2007, ni José Ramón Gámez, también acusado, tuvieran responsabilidad en estos hechos, ni que consintieran estas construcciones a sabiendas de su ilegalidad. La resolución señala que los dos acusados no eran garantes del control, ni de las licencias otorgadas y que no ha quedado probado que hicieran dejación de sus funciones. Según el fallo, desde el año 2003 ya no se concedieron por el Ayuntamiento más licencias para la construcción o ampliación de albergues, precisamente los años en que Gámez estuvo en la Concejalía de Urbanismo. Asimismo, destaca que entre 2004 y 2008 el Ayuntamiento procedió a la incoación de 28 expedientes urbanísticos.
Eleuterio Jover, que estaba defendido por el abogado Moisés Candela, aseguró en el juicio que él desconocía la normativa de Urbanismo y que firmaba todo lo que le remitían tanto el que ostentaba esas competencias durante esos años, así como el secretario accidental del Ayuntamiento , ambos fallecidos en la actualidad. Los servicios jurídicos corrían a cargo de la Diputación y nadie le alertó de infracción administrativa alguna.
La Fiscalía les acusaba de un delito de prevaricación por omisión por lo que les reclama la pena de un año y medio de prisión y otros diez de inhabilitación. El ministerio público consideraba que los acusados no hicieron nada por restaurar la legalidad urbanística, a pesar de que tenían competencias para ello. El fallo no es firme y contra él cabe recurso ante la Audiencia Provincial.
«No se discute la legalidad de las licencias para la construcción de albergues, lo que se imputa es que se conceden sabiendo de antemano que van a ser utilizadas por los licenciatarios para la construcción de viviendas en suelo rústico no urbanizable y que se consintiera dicha construcción a sabiendas de su ilegalidad y ello no ha resultado acreditado», razona la juez.
La sentencia recuerda que el Ayuntamiento incoó expedientes sancionadores para restaurar la legalidad urbanística y que en el juicio se puso de manifiesto la precariedad y falta de medios materiales y personales del Ayuntamiento. Así recuerda que el Consistorio contaba con un secretario-interventor una tarde a la semana y dos auxiliares administrativos, sin alguacil o policía alguno. Hasta que en 2005 un aparejador empezó a prestar sus servicios en el Ayuntamiento, éste carecía de asesoramiento técnico.
