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Elda

Gobierno y Ayuntamiento buscan atajar la conflictividad en Nueva Fraternidad

El alcalde solicita más presencia de la Policía Nacional y permiso para instalar cámaras en dos calles

El alcalde de Elda, el subdelegado del Gobierno y los concejales Soler y Amat en la reunión. ANTONIO AMORÓS

El alcalde, Rubén Alfaro, se reunió ayer con el subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Gómez, para acordar un plan que permita incrementar la presencia de la Policía Nacional e instalar cámaras de vigilancia en las calles Fray Luis de Granada y Murillo, en el barrio de Nueva Fraternidad, ante los problemas de convivencia vecinal, inseguridad y ocupaciones ilegales de vivienda que se están sucediendo durante los últimos meses.

El alcalde ha asistido al encuentro en la sede de la Subdelegación de Alicante acompañado por el concejal de Seguridad Ciudadana, José Antonio Amat, y por la edil del PP y vecina del barrio afectado, Remedios Soler, que precisamente sufrió un violento atraco en el comercio que regenta.

«Lo que queremos es que la Policía Nacional aumente su presencia en la zona, al igual que ya lo está haciendo la Policía Local, y si es posible con patrullas a pie porque ofrecen más cercanía al ciudadano», ha indicado el primer edil, que también le ha trasladado al representante del Gobierno en la provincia la necesidad de que autorice la instalación de cámaras de vigilancia que refuercen el papel de los Cuerpos policiales. «Lo cierto es que nos hemos encontrado una buena predisposición a colaborar por parte del subdelegado, y ambas partes nos hemos comprometido a mantener conversaciones periódicas para ver cómo evoluciona el asunto». Un problema complejo que, según ha reconocido Alfaro, causa preocupación al gobierno del PSOE-Compromís.

La comitiva municipal también ha sido informada por Juan Antonio Gómez de casos similares que se están produciendo en otras ciudades de la provincia. Además del plan policial diseñado, la subdelegación del Gobierno está manteniendo conversaciones con los bancos para actuar, de forma coordinada, en aquellos casos en los que «quienes ocupan estas viviendas no son personas que van de buena fe», sino que hay una relación directa después con los problemas de convivencia e inseguridad en el barrio. Tal y como está ocurriendo en Nueva Fraternidad.

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