El Ayuntamiento de Aspe comenzó en diciembre de 2013 a recoger la basura de la localidad con sus propios recursos tras rescatar la gestión de un servicio público que había estado en manos privadas desde hacía 23 años. Esa medida puesta en marcha por el equipo de gobierno de PSOE-EU permitió al municipio reducir el coste en 171.000 euros anuales manteniendo, además, a los mismos doce trabajadores que tenía empleados la anterior empresa adjudicataria contratada para llevar a cabo estos trabajos.

Sin embargo, desde el grupo municipal del PP se consideró que la subrogación de los mismos trabajadores adscritos al servicio de recogida de residuos sólidos urbanos no se ajustaba a derecho, por lo que en 2014 interpuso un recurso contencioso-administrativo que el Juzgado Número 1 de Alicante se ha encargado de dirimir.

En su sentencia el magistrado ha desestimado el recurso interpuesto por el portavoz municipal popular Juan Antonio Pérez Sala y también lo ha condenado a pagar las costas judiciales porque el caso no presenta serias dudas «de hecho ni de derecho». Para el juez el acuerdo plenario adoptado por el Ayuntamiento de Aspe en octubre de 2013 se ajusta a la legalidad en materia de acceso al empleo público, «además de que, a través de la gestión directa del servicio, se generaría un ahorro para las arcas municipales de 171.793 euros».

Todo ello le ha llevado a rechazar la argumentación de la parte demandante emitiendo el magistrado una sentencia desestimatoria del recurso presentado por el PP de Aspe. No obstante desde el principal grupo de la oposición se ha apelado al Tribunal Superior de Justicia al estar en desacuerdo con la sentencia emitida.