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La central hidroeléctrica del trasvase lleva siete años sin uso

El Gobierno central invirtió en 2008 más de 4 millones en esta actuación

La central hidroeléctrica del trasvase lleva siete años sin uso

Siete años después de que se construyera en Villena la central hidroeléctrica de Alhorines, una obra esencial en el trasvase del Júcar-Vinalopó, la instalación sigue sin ser utilizada y es prácticamente inviable que se vuelva a utilizar, a pesar de que la inversión superó los cuatro millones de euros procedentes de la «hucha» del Estado.

La obra se adjudicó en 2008 y la ejecutó el Ministerio de Medio Ambiente, durante el Gobierno socialista de Zapatero, a través de Acuajucar -hoy Acuamed- en el paraje villenense de Alhorines. El objetivo era aprovechar el desnivel que presenta el terreno para utilizar un salto de agua y que los caudales procedentes del Júcar generasen energía a través de una sofisticada turbina. Electricidad que iba a emplearse para alimentar la bomba de impulsión que debía repartir el agua almacenada en el malogrado embalse de San Diego de Villena hasta los sedientos cultivos de las comarcas del Vinalopó, la Marina Baixa y l'Alacantí.

Toda la maquinaria se fabricó en Alemania siguiendo unas directrices técnicas muy específicas en función de los aportes de agua que iba a recibir para poder generar electricidad.

Pues bien, una vez que la central hidroeléctrica estaba prácticamente acabada el Gobierno valenciano del popular Francisco Camps decidió a mediados de 2010, por medio de la Conselleria de Medio Ambiente, realizar una conexión alternativa para las obras del post-trasvase que no coincidía con el proyecto llevado un año antes por el Gobierno central. En este cambio nada tenía que ver que la toma del trasvase hubiese cambiado de Cortes de Pallas al Azud de la Marquesa. Entre otras cosas porque tal decisión fue comunicada al Consell por el Ministerio de Medio Ambiente cinco años antes, en septiembre de 2005 tal y como consta documentalmente.

Al modificar el Gobierno de Camps unilateralmente la configuración y el punto de entronque del trasvase, la central de Alhorines quedó sin utilidad alguna. Y así sigue a día de hoy a pesar de los más de cuatro millones que costó la actuación. La turbina se encuentra instalada y en perfecto estado pero jamás se puso en marcha y, según los técnicos consultados, ni siquiera podrá ser empleada en otras localizaciones o para otros fines.

Pero no es el único despropósito de esta obra. Según las estimaciones, el lucro cesante por los ingresos previstos por «turbinación» en la central, cifrados en 0,70 millones de euros al año, suponen -en el horizonte de los 50 años previstos- unos ingresos de al menos 35 millones de euros. Una cantidad que, al no ser recibida, deberá ser repercutida a los futuros usuarios del trasvase o bien ser asumidos por la propia Acuamed, generando en cualquier caso un lucro cesante y quebranto patrimonial próximo a los 40 millones. Ante esta situación la Abogacía del Estado, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Medio Ambiente, presentó en enero de 2011 una demanda contencioso-administrativa contra la medida adoptada por la Generalitat Valenciana, que nunca planteó formalmente ninguna alternativa al conflicto generado. Una circunstancia por la que la Abogacía del Estado entendió que existían fundamentos más que suficientes para presentar una reclamación por incumplimiento de procedimientos por parte del Ejecutivo de Camps. Sin embargo, cuando Mariano Rajoy alcanzó la presidencia del Gobierno con el PP en diciembre de 2011 se ordenó la retirada de la demanda. Y en Villena continúa la turbina de los cuatro millones acumulando polvo y con un futuro más que incierto.

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