La Conselleria de Economía Sostenible ha enviado al Ministerio de Industria una carta firmada por la directora general de Industria y Energía, Júlia Company, reclamando al Gobierno central un aplazamiento en la fecha tope, que se cumple mañana, para que las instalaciones de autoconsumo anteriores a la entrada en vigor del decreto que regula esta actividad, el conocido como «impuesto a sol», se inscriban en el registro tal y como exige la nueva normativa.
En la carta remitida a Madrid se considera necesario ampliar de forma «prudencial y realista» el plazo dado por varios motivos. Algunas de las exigencias técnicas establecidas por el real decreto suponen importantes modificaciones en las instalaciones existentes. Cambios que implican, en no pocas ocasiones, la realización de obra civil -especialmente en las instalaciones asociadas a consumos residenciales- donde el coste relativo de estas obras de adaptación dificultan su desarrollo. Además, las propias empresas distribuidoras han dilatado mucho sus respuestas a las solicitudes que se les han presentado debido, fundamentalmente, a las dudas que ellas mismas tenían en la aplicación de esta novedosa regulación. Según se recoge en la misiva suscrita por Company, se ha creado «un escenario de incertidumbre y dificultad para el adecuado y deseable desarrollo del autoconsumo. Esto queda patente con el hecho de que a fecha de hoy se encuentran inscritas en el Registro Administrativo de Autoconsumo de Energía Eléctrica únicamente 21 instalaciones en toda España, de las que sólo dos corresponden a la Comunidad Valenciana».
Por todo ello se reclama al Ministerio que se adopte, con carácter de urgencia, un paquete de «medidas justificadas». Entre ellos que se amplíen los plazos en seis meses más y que se establezcan los esquemas de conexión a la red eléctrica de forma que éstos no vengan determinados por las distintas normas particulares de cada empresa distribuidora. También aboga la Conselleria por crear un grupo de trabajo, al que se invite a formar parte a las Comunidades Autónomas, para armonizar los criterios de aplicación de la regulación que afecta al autoconsumo en toda España, siendo, por otro lado, deseable su extensión al resto de materias que atañen al sector eléctrico.
Tres años de demora
Fue el pasado 9 de octubre, con más de tres años de demora sobre la fecha prevista inicialmente, cuando el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto de Autoconsumo. El texto aprobado ha sido rechazado por la totalidad de asociaciones sectoriales e, incluso, por los órganos consultivos estatales como la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que han propuesto que se elimine cualquier pago por la energía autoconsumida. El texto finalmente aprobado por el Gobierno sigue manteniendo el cargo por la energía autoconsumida -también llamado «peaje de respaldo» o «impuesto al sol»- para la mayor parte de las instalaciones. Tan sólo quedan exentas de este pago las instalaciones conectadas en baja tensión de potencia menor o igual a 10 kilovatios, lo que se podría considerar casi exclusivamente el ámbito doméstico y no en todos los casos. El resto de autoconsumidores, principalmente las pymes y el sector servicios, estarán obligados a satisfacer un cargo por la energía autoconsumida. Además es de carácter transitorio, lo que aumenta más, si cabe, la inseguridad jurídica y la incertidumbre económica a la que se verán sometidas este tipo de instalaciones en los próximos años.
