El concejal de Educación, Fernando Gómez, denunció ayer que la Generalitat Valenciana ha pagado por el alquiler de las aulas prefabricadas de la escuela infantil Santa Infancia de Elda 300.000 euros. Los barracones se instalaron en el recinto del colegio de primaria Virgen de la Salud. Y allí siguen, ocho años después de que Educación decidiera trasladar a los alumnos por problemas estructurales y de aluminosis en el edificio que acogía a los pequeños de entre 0 a 3 años.
Una cifra económica que, según el edil, debería haber servido para iniciar la construcción del centro. Asimismo insistió en que «además del dineral que ha costado el alquiler de los barracones, los niños no han estado en las mejores condiciones por carecer de un centro propio construido».
Según anunció la Generalitat Valenciana, la construcción del nuevo centro será una realidad en el primer semestre de 2017. Mientras llega la fecha en que definitivamente se abandonen las aulas prefabricadas la Generalitat deberá abonar algo más de 3.000 euros por el alquiler de éstas al mes.
Por otra parte, ante la demanda de los padres de cambiar la ubicación del centro, el edil señaló que «es algo que tienen que negociar con conselleria».
Una restauración cara
Por otra parte, Gómez criticó el sobrecoste que ha significado para las arcas autonómicas la reforma del colegio Padre Majón. La inversión presupuestada para la restauración era de 5 millones de euros pero los pagos a la empresa Ciegsa sobrepasaron esta cantidad en un 57,60 %.
Las obras se remontan al año 2002 y la inauguración del edificio a 2003. La reforma incluyó la restauración mediante la modificación puntual de las fachadas, y al derribo y nueva construcción de todo el interior. También afectó a la modificación de la entrada, generada ahora por un cuerpo adelantado de vidrio de seguridad.
Gómez mostró su indignación sobre los sobrecoste que se han detectado en esta obra y reprochó al anterior gobierno de la Generalitat -liderado por el PP- «los más de 1.000 millones de euros detectados en sobrecostes en construcciones de colegios en la Comunidad Valenciana a través de la empresa pública Ciegsa se repartían entre el PP valenciano y las empresas constructoras, según las investigaciones realizadas por la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil».
El edil aseguró que «nos pretendían hacer creer que no había dinero para invertir en la construcción de nuevos colegios cuando la realidad es que se dinero iba destinado a otras cosas».
