El Ayuntamiento de Elda quiere aumentar las cláusulas sociales en la contratación pública. Así, en los procesos de adjudicación, se potenciarán a las empresas que tengan un trato igualitario entre hombre y mujeres así como que favorezcan la integración social de los discapacitados. Además de las consideraciones sociales también se especifican otras encaminadas al respeto medio ambiental y el desarrollo sostenible.
El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, destacó que el equipo de gobierno es consciente de la importancia de que las administraciones públicas exijan a sus licitadores el cumplimiento de ciertos derechos laborales y sociales, que haga que se produzca una competencia entre las empresas por cumplirlos y mejorarlos para resultar adjudicatarios. Alfaro argumentó ayer en la presentación del borrador de instrucciones del Ayuntamiento de Elda para la introducción de criterios sociales en contratación administrativa que «se trata de una iniciativa pionera, que muy pocos ayuntamientos en nuestro país la han puesto en marcha, y que persigue impulsar objetivos de política social en sentido amplio». Elda será, según la primera autoridad, el primer municipio que aplique una normativa de estas características en la provincia de Alicante y el segundo de la Comunidad Valenciana.
La propuesta, que se debate hoy en la Comisión de Contratación, establece otra serie de cláusulas que podrán incorporarse como condiciones especiales para la ejecución del contrato, como que la empresa no podrá minorar unilateralmente las condiciones en materia de jornada y trabajo de sus empleados. Las medidas deberán aprobarse en el próximo pleno ordinario para incorporarse a los procesos de contratación.
También establece que en los casos de que se produzcan bajas o sustituciones de personal se deberá contratar a personas que reúnan los mismos requisitos o que, en caso de empate entre varias ofertas, se tendrá en cuenta la responsabilidad social de los licitadores: como el número de trabajadores fijos con discapacidad, el cumplimiento de la promoción en igualdad de mujeres y hombres, o estar reconocidos como organización de Comercio Justo. También se favorecerá la conciliación familiar y personal.
Así, el Ayuntamiento, además de vigilar el cumplimiento estricto del contrato, también supervisará que se mantengan las condiciones sociales por las que consiguió la contrata. Por otro lado, Alfaro reconoció que el valor económico del precio de la contrata será determinante en muchos de las adjudicaciones. Pero, matizó que en caso de que se produzcan empates entre varias ofertas con la aplicación de los criterios de valoración, «se establecerán en los pliegos criterios de desempate que primarán directamente la reponsabilidad social de los licitadores».
