El Ayuntamiento de Monóvar ha remitido al Tribunal de Cuentas (TC) la documentación de tres obras realizadas en gobiernos anteriores del PP por considerar que «existen irregularidades en la tramitación de los correspondientes expedientes».
El concejal de Hacienda, Alejandro García, señaló que «en el pleno del pasado 1 de octubre se aprobó el reconocimiento extrajudicial de facturas pendientes de aplicar en presupuesto por un importe de 2 millones de euros, entre ellas las que afectan a estas tres obras, y que fueron pagadas sin seguir los cauces legales».
La petición al Tribunal de Cuentas para que estudie la documentación remitida se basa en un informe de Intervención donde se apuntan «irregularidades cometidas en ejercicios anteriores y, en caso de existir responsabilidades administrativas, económicas o penales, exigirse a aquellas autoridades y funcionarios que han permitido una situación económica que ha llevado al borde de la quiebra -al Ayuntamiento-».
Las obras cuya documentación ha sido remitida al TC y que se encuentran bajo sospecha son las realizadas en el camino de la Alquebla, las obras de mejora en el colegio Escriptor Canyis y las obras de la piscina cubierta municipal.
El alcalde monovero, Natxo Vidal, pide al Tribunal de Cuentas que «tras el análisis de la documentación enviada y en el caso de existir causa punible, se inicien las diligencias oportunas para que se depuren las responsabilidades».
Pago a proveedores
Por otra parte, el ayuntamiento monovero ha acometido en los últimos días el pago de 640.000 euros a proveedores con facturas pendientes, gracias al anticipo concedido por Suma a cuenta de los ingresos del primer semestre de 2016. Con el pago de esta cantidad, el Ayuntamiento de Monóvar salda las deudas pendientes hasta el 31 de diciembre de 2014, quedando por pagar todas las facturas de 2015 y lo que se lleva de 2016.
El alcalde es consciente que a pesar de estos pagos «nuestra deuda sigue siendo muy elevada y los pagos menores de lo que desearíamos, todo consecuencia de las políticas económicas llevadas a cabo en el Ayuntamiento durante los últimos años y que ahora paga toda la población».
