El Gobierno central en funciones aprobó ayer el Plan Hidrológico del Júcar que mantiene el trasvase al Vinalopó desde Cullera, y donde no hay ni rastro de la toma de Cortes de Pallás. A pesar de las reclamaciones de los regantes de la provincia por la mala calidad del caudal que proviene de la toma del Azud de la Marquesa, se ha cumplido lo previsto y negro sobre blanco se mantiene la toma de Cullera. Y lo hizo con una clara falta de respaldo.
El Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno ayer a la revisión de los planes hidrológicos para las demarcaciones del Júcar, que impulsará la transferencia de 50 hectómetros cúbicos para el trasvase Júcar-Vinalopó, y el del Segura, que reducirá el déficit de cuenca en 80 hectómetros cúbicos con medidas e inversiones, según anunció la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría en rueda de prensa posterior al encuentro.
En el Consejo también se aprobaron los planes hidrológicos para otras 10 cuencas para el periodo 2016-2021, en concreto para las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico occidental, Guadalquivir, Ceuta y Melilla, y la revisión de los planes de la parte española del Cantábrico oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
El presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, valoró ayer negativamente esta aprobación, ya que recordó que votaron en contra del plan en el consejo del agua de la demarcación votaron en contra porque «no atiende a los intereses de la provincia y va en contra de Alicante». Entre los motivos del rechazo está la toma desde Cullera, que da un caudal de mucha menor calidad por su contaminación, que impide su uso para abastecimiento humano y para determinados cultivos. Además, el plan contempla un recorte del 75% en el agua que se permite extraer de los acuíferos. El nuevo documento reduce de 193 hm3 a 47 hm3 al año los derechos de los regantes del Vinalopó y l'Alacantí y amenaza con que se dejen de cultivar 52.000 hectáreas.
De cualquier forma, los regantes de la provincia siguen negociando con el Gobierno para tratar de recuperar la toma de Cortes de Pallás.
Falta de respaldo
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, calificó ayer los planes aprobados de «absolutamente fundamentales» al considerarlos «el instrumento más importante para la gestión del agua» además de para la protección de los propios cursos fluviales, «algo especialmente importante en un país como España».
Pero lejos del «amplísimo» consenso al que aludía ayer la ministra en su comparecencia ante los medios de comunicación, el plan del Júcar salió adelante con el rechazo del 40% de los votantes, entre los que se encontraban los representantes de los gobiernos regionales de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, que votaron en contra en un órgano -el Consejo del Agua de la Cuenca del Júcar- en el que el Gobierno central cuenta con 20 votos.
El plan, que más tarde fue respaldado también en el Consejo Nacional del Agua, donde están representadas todas las confederaciones hidrográficas de España, obtuvo en el ámbito del Júcar 48 votos a favor, de los que 20 eran de la administración central), 27 en contra y cinco abstenciones.
Entre los votos en contra figuraban los de los dos gobiernos regionales, los regantes del Vinalopó y de la Mancha Oriental, ayuntamientos, organizaciones ecologistas y sindicales. Los regantes tradicionales del Júcar dieron un apoyo «condicionado» a la ejecución de obras que debían estar finalizadas hace una década. Castilla-La Mancha y la Comunidad votaron también en contra del Plan del Segura.
Recursos
El gobierno de Castilla-la Mancha anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal Supremo los planes hidrológicos del Tajo, Segura, Júcar y Guadiana, por considerar que «perjudican gravemente los intereses de Castilla-La Mancha en materia de agua».
Por otra parte, ningún portavoz de la Generalitat se manifestó ayer sobre un posible recurso judicial.
En relación al Plan del Júcar, el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, calificó del «brindis al sol» el documento y justificó su voto en contra en el Consejo del Agua de la Cuenca del Júcar celebrado el pasado septiembre en que el plan «no resuelve ningún problema, ni en abastecimientos ni la sobreexplotación de acuíferos».
Por su parte la ministra recordó que la UE obliga a aprobar un plan para cada demarcación hidrográfica de un país miembro en períodos de 6 años, y en este caso abarca de 2016 a 2021. Las prisas por aprobar estos planes por este gobierno en funciones están relacionadas con la amenaza de sanciones europeas que ya se materializaron en el anterior ciclo hidrológico por no disponer de los planes en los plazos marcados por las directivas europeas.
Cada uno de los documentos aprobados ayer contiene una memoria -con asignaciones de cuenca y reservas para futuras demandas-, un apartado de normativa jurídica y un programa de medidas para atender «necesidades de todo tipo» desde la construcción de embalses hasta normativa de saneamiento o iniciativas para paliar «episodios climatológicos extremos» como sequías o inundaciones.
En el caso de los planes de competencia estatal -entre los que están el Júcar y el Segura-, se detallan más de diez mil medidas que exigirán una inversión de 15.000 millones de euros, mientras que los intracomunitarios fijan inversiones por valor de otros 2.500 millones.
La nueva normativa también incluye mejoras medioambientales para proteger los ecosistemas vinculados a los ríos, como el incremento de los caudales ecológicos.
