El Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha dado un respiro al Ayuntamiento de Elda y a los vecinos de La Jaud concediendo una prórroga de un año para que se legalice la situación de las viviendas de la zonaprórroga de un año . Así se lo comunicó la concejala de Urbanismo, Pilar Calpena, a los representantes de los grupos políticos municipales, a los representantes de los propietarios demandantes, los afectados por la sentencia y los demás alegantes del Plan de Reforma Interior (PRI) de La Jaud.

En ella se acordó la necesidad de cumplir un calendario a través del que paso a paso se reordene la zona con un acuerdo que sea «de intéres común de todos los que viven allí», indicó Calpena. Asimismo, en la reunión, los representantes y portavoces de los vecinos comunicaron a los grupos políticos los embrionarios pactos a los que han llegado y que sientan las bases para las modificaciones que deben realizar en la ordenación de la urbanización y, posteriormente, en la redacción de un documento urbanístico al que el TSJ dé su visto bueno y derogue la sentencia que prevé la demolición de las viviendas unifamiliares.

El plazo de 6 meses que concedió la Sala por auto de 9 de diciembre de 2014 para que se regularice la situación de las 120 viviendas, cuyas licencias se anularon en el año 1999, se ha ampliado, ahora, hasta el día 4 de diciembre de 2016. Todo un año de plazo para evitar el peor de los desenlaces, que las máquinas entren a derribar las construcciones.

Desde el pasado 9 de diciembre de 2014 -cuando se otorgó la primera prórroga- hasta la actualidad, por una parte, el gobierno de Adela Pedrosa presentó en los últimos días de la legislatura pasada un nuevo plan de reforma interior para intentar regularizar la situación al que se presentaron 38 alegaciones.

Con el cambio de gobierno, este plan, que no era del agrado de todos, se paralizó. De manera inmediata se convocaron mesas de trabajo con las tres partes enfrentadas en el Plan de Reforma Interna (PRI) de La Jaud -Ayuntamiento, demandantes y afectados- para negociar una ordenación de esta urbanización de Elda. Mientras, el Ayuntamiento envió un escrito conjunto al TSJ para que se frenara la orden de demolición de las 120 viviendas. El resultado fue un nuevo aplazamiento.