El Ayuntamiento de Elda no va a recurrir la sentencia del Juzgado Número 3 de Elda que ha decretado el sobreseimiento provisional del conocido como caso de la «trama urbanística». El actual equipo de gobierno de PSOE-Compromís ha descartado apelar al considerar que, tras la minuciosa investigación judicial llevada a cabo, ha quedado suficientemente aclarado que no se produjeron los delitos que IU denunció en 2007 ante la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, para la jueza los hechos imputados o no son constitutivos de delito o no han quedado suficientemente acreditados.
Cabe recordar que el Ayuntamiento se personó en el procedimiento, como acusación particular, meses después de que la popular Adela Pedrosa alcanzara la Alcaldía tras las elecciones de 2007. Por su parte el actual gobierno que forman PSOE y Compromís, y dirige el socialista Rubén Alfaro, también mantuvo la personación del Consistorio al llegar al poder. «Lo hicimos porque queríamos que se aclarase todo y se llegase al fondo del asunto», indicó ayer el portavoz del gobierno municipal Eduardo Vicente. «Pero ahora que la jueza ha dictado sentencia, después de ocho años de instrucción, acatamos su resolución y como el proceso ha finalizado no le vamos a dar continuidad tal y como el PP hizo, cuando llegó al poder, por razones puramente políticas», añadió Vicente advirtiendo que «esta aventura judicial ha costado mucho dinero que ha salido del bolsillo de todos los eldenses a través de las arcas municipales».
En el auto judicial, que este diario adelantó el pasado sábado, se exime de cualquier responsabilidad a los siete imputados, que son el exalcalde socialista Juan Pascual Azorín, el exconcejal José Quílez, el arquitecto Ricardo Segura, los constructores Luis Taberner y Francisco Gómez, el exsecretario del Ayuntamiento Mateo Sánchez y el exjefe del departamento municipal de Urbanismo, Manuel Guill. Todos ellos quedan libres de toda culpa aunque contra la resolución cabe interponer recurso en cinco días. Un plazo que IU no va a dejar pasar al considerar que la sentencia es «injusta». Una decisión que el portavoz del equipo de gobierno no comparte pero sí respeta. «Si Izquierda Unida quiere mantener la querella viva de forma artificial es su problema», ha subrayado.
