La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Elda ha decretado el sobreseimiento provisional de todas las actuaciones realizadas en el conocido como caso de la «trama urbanística». En el auto judicial al que este diario ha tenido acceso se exime de cualquier responsabilidad a los siete imputados, que son el exalcalde socialista Juan Pascual Azorín, el exconcejal José Quílez, el arquitecto Ricardo Segura, los constructores Luis Taberner y Francisco Gómez, el exsecretario del Ayuntamiento Mateo Sánchez y el exjefe del departamento municipal de Urbanismo, Manuel Guill. Todos ellos quedan libres de toda culpa aunque contra la resolución cabe interponer recurso en cinco días.
Han pasado ocho años desde que los exconcejales de IU, Domingo Orgilés y María Luisa Martínez, denunciaran los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción aludiendo, entre otros asuntos, a las subvenciones municipales al Club Deportivo Eldense, los acuerdos para construir la Ciudad del Fútbol en el paraje de Campo Alto, la adjudicación de la macrourbanización con campo de golf en El Tite y la permuta de la piscina cubierta por varios solares del Sector 9.
La posterior querella hacía referencia a la supuesta comisión de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, delito urbanístico y contra la ordenación del territorio, fraude fiscal, tráfico de influencias, asesoramiento ilegal, revelación de información privilegiada, falsedad documental y defraudación de los intereses generales, entre otros.
Sin embargo, tras la minuciosa instrucción llevada a cabo desde 2007, la jueza ha decidido archivar la causa porque los hechos imputados o no son constitutivos de delito o no han quedado suficientemente acreditados, además de que algunas de las acusaciones han sido desmontadas por la rigurosa investigación realizada.
IU siempre apuntó al entonces alcalde del PSOE como artífice de la «trama». Sin embargo en la sentencia se señala textualmente que «En relación a Juan Pascual Azorín no ha quedado acreditado suficientemente que las decisiones que pudieran ser constitutivas de los delitos que le son atribuidos, fueran adoptadas de forma individualizada, sino en el seno de un órgano colegiado en el que participaban los denunciantes. Del mismo modo, no queda acreditado que haya existido perjuicio para el Ayuntamiento de Elda». Y respecto a Manuel Guill, que entonces ejercía como jefe de Urbanismo, también dice el auto que «los hechos que se le imputan no han quedado suficientemente acreditados. En concreto -añade la jueza- todas y cada una de las acusaciones contra él han sido cuestionadas por los documentos que aportó durante su declaración en octubre de 2009». Así de rotunda se muestra en el auto.
