El equipo de gobierno integrado por PSOE y UPyD siguen adoptando medidas para paliar la «grave» situación económica que atraviesa el Ayuntamiento. La última pasa por reducir algunas de las productividades que hasta ahora venían cobrando los empleados municipales por trabajos al margen de su jornada laboral. Un recorte que afecta en teoría a los 300 trabajadores del Consistorio que, como es lógico, han acogido la decisión con malestar.

La propuesta del gobierno, que fue rechazada por el resto de grupos de la oposición, se planteó en la última reunión mantenida en la mesa de negociación con los representantes de los trabajadores. A partir de ahora las tareas que realicen por encima de la jornada habitual durante periodos concretos, habitualmente por Semana Santa, Elecciones y Vigilancia Rural, y que hasta la fecha se retribuían bajo el concepto de productividad, pasarán a abonarse como el resto de gratificaciones al precio de horas extraordinarias, lo que supondrá una reducción media del 20% del gasto para las arcas municipales. No obstante la productividad se mantendrá, tal y como se acordó más de ocho años atrás, en las de Fiestas Patronales, Navidad, Nochevieja y Reyes.

Según ha indicado el concejal responsable del área económica, Armando Esteve, la intención del PSOE y UPyD es «equilibrar ingresos y gastos, aplicando las medidas que se aprobaron en el Plan de Ajuste, para que la deuda del Ayuntamiento deje de crecer. En las circunstancias actuales y para evitar medidas más contundentes apostamos por hacer ajustes en todos los frentes -ha justificado Esteve- aludiendo a los ámbitos financiero, de servicios y gasto corriente y en las retribuciones del personal municipal a través de pequeños retoques».

Otras medidas

El Ayuntamiento también ha solicitado a la Conselleria de Educación, por acuerdo plenario unánime, que asuma los servicios que en estos momentos presta la Escuela Infantil y los Conservatorios de Música y Danza al considerar que los números rojos del Consistorio hacen muy difícil su mantenimiento. El acuerdo se ha adoptado teniendo por base un informe de Intervención que determina que los tres centros educativos son competencias «impropias» del Ayuntamiento, y sólo pueden prestarse cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera de la Hacienda local. Que es precisamente lo que está ocurriendo.