Un funcionario del ayuntamiento de Aspe ha sido condenado hoy a una pena de 2 años, 7 meses y 15 días de prisión y a cuatro años de inhabilitación tras reconocer que se quedó con dinero de las arcas municipales pagado por empresarios y vecinos de esta localidad en concepto de licencias.
El juicio por estos hechos debía celebrarse entre hoy, miércoles, y mañana en la sección décima de la Audiencia de Alicante, pero se ha saldado con un acuerdo entre las partes y la conformidad del procesado en el transcurso de una vistilla.
El tribunal ha dictado de viva voz el fallo, que comporta, además de la pena de prisión por un delito continuado de falsedad documental en concurso medial con otro de estafa, la imposición de una multa de 1.200 euros y una indemnización conjunta para cuatro afectados de casi 33.000 euros.
El procesado era el encargado de tramitar las licencias urbanísticas de Aspe por obra mayor y actividades, así como de realizar las liquidaciones por el pago de tasas e impuestos, aunque fue apartado de sus funciones después de descubrirse el presunto fraude y ahora desempeña labores de bedel.
Según la fiscalía, entre 2007 y 2009 se aprovechó de la "situación y credibilidad que le daba su condición" de empleado público para elaborar decretos y acuerdos de junta de gobierno falsos y hacer suyas diversas cantidades pagadas por licencias de obra y actividad.
En 2008, por ejemplo, confeccionó un decreto municipal falso en el que estampó la firma del secretario del consistorio para ingresar en su patrimonio 1.089 euros correspondientes a una tasa por la prórroga del inicio de unas obras en un polígono de la localidad. Al año siguiente, en junio, el procesado se quedó con el dinero que le había abonado otro empresario en un sobre como pago de la licencia para construir una nave industrial en otro polígono.
Fue precisamente este perjudicado, al que el funcionario tendrá que indemnizar con 30.000 euros, quien destapó las irregularidades cuando el ayuntamiento le informó de que la licencia que había solicitado había prescrito por no abonar la correspondiente tasa.
El acusado estampó las firmas del secretario municipal y del teniente de alcalde en esa época para cometer los desfalcos, al tiempo que elaboró varias resoluciones públicas falsas, entre ellas un acuerdo de la junta de gobierno, otro de una comisión municipal o un decreto inexistentes.
La fiscalía solicitaba inicialmente para el procesado 6 años de cárcel y 5 años y 6 meses de inhabilitación, aunque ha rebajado su petición de condena tras un acuerdo con la defensa y las acusaciones particulares, al aplicar la atenuante de dilaciones indebidas.
El funcionario ha expresado en la vista su conformidad con las nuevas penas pactadas, aunque tal y como le ha recordado el presidente del tribunal ello va a comportar su ingreso en prisión.
