Los vecinos de Campo Alto y los de finca Lacy sur y centro de Elda están dispuestos a luchar contra la posible reclasificación de sus parcelas -donde muchos de ellos tienen su primera vivienda- en suelo dedicado a actividades económicas. Sus terrenos bordean estos dos polígonos industriales de Elda y ahora ven como en el Plan Estructural de Ordenación Urbana, redactado en la etapa del anterior equipo de gobierno del Partido Popular, contempla un aumento del suelo industrial que afecta a más de 80 propietarios.
El colectivo de vecinos junto con el despacho de abogados de Muñoz Zafrilla han redactado la alegación contra esta norma del PGOU para registrarla mañana en el Ayuntamiento eldense. El mismo día que finaliza la exposición pública de este documento que diseña el planeamiento urbanístico a 20 años vista de Elda.
La voluminosa argumentación, de cerca de 400 páginas, en contra de este desarrollo urbanístico se basa en la desproporción de los datos aportados por el equipo redactor y en la escasa viabilidad económica de un previsible desarrollo industrial. La pérdida de población y el retroceso de la economía en la ciudad de Elda apenas ha corregido las previsiones más optimistas del PGOU, donde se plantea un crecimiento de más de 9.000 habitantes y un importante crecimiento empresarial.
El plan prevé un aumento de 600.000 metros cuadrados para una posible ampliación de los dos polígonos industriales, Lacy y Campo Alto. Un desarrollo que puede acabar con la edificaciones colindantes en el suelo y que sus propietarios están dispuestos a defender. Así, en las alegaciones se destaca la excesiva ampliación de terreno para la creación de empresas cuando existen 90.000 metros cuadrados de suelo industrial sin utilizar a los que se suman las numerosas naves que, en la actualidad, están sin ocupar.
De hecho, en el texto utilizan las palabras textuales del equipo redactor en una de las conferencia que se ofreció a cerca del Plan Estructural. En ella aventuraron que «no se va a desarrollar», pero aunque esto sea así, en el caso de aprobarse la normativa tal y como se ha diseñado, los vecinos tendrían siempre sobre sus cabezas las guillotina de «perder sus casas».
